19.5.15

LA DERIVA ESPAÑOLA Y LA CRISIS DE LA NOCIÓN DE CIUDADANÍA

El deterioro del concepto de ciudadanía en España parece no tener fin. A la decisión oficial de cerrar cualquier instancia de revisión de su pasado inmediato (incluidas las groseras referencias del Ministro de Justicia peninsular respecto del requerimiento efectuado por la jueza argentina Servini de Cubría), deben añadirse esperpentos tales como la “ley mordaza” y el comportamiento estatal violatorio de los Derechos Humanos de los migrantes (rematada con la  aparición de una nueva cultura concentracionaria mediante la implementación de los “Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes, en el que se hacinan, las víctimas actuales del colonialismo y el imperialismo), que merecieran una severa amonestación del Comité contra la Tortura de la ONU.

29.4.15

LAS PROVINCIAS PISAN CADA VEZ MÁS FUERTE

Volúmenes antiguos, presentaciones de libros, homenajes, temas como el medio ambiente o los derechos humanos, detalles sobre la historia y la geografía, talleres sobre artesanías, narraciones acerca de mitos y leyendas, instrumentos musicales y la música de cada rincón de la Argentina se hacen sentir a diario en el Pabellón Ocre de la Feria del Libro que agrupa los stands de diferentes provincias.



Atrás quedaron los días en que las provincias se juntaban en un sólo espacio donde con dificultades exponían algunos libros. Poco a poco se empezaron a independizar, proliferaron las editoriales provinciales con sus stands propios y en la última década los escritores del interior se animaron a venir a la Feria, a dar a conocer personalmente su literatura. 
 
En el stand de La Pampa, el público superó la cantidad de sillas y muchos seguían parados escuchando a Eduardo Luis Aguirre, abogado y profesor titular de Derecho Penal I de la Universidad de la Pampa que hablaba sobre su libro "El llanto del Kopaonik", sobre el juzgamiento de los crímenes en la tragedia de los Balcanes.

Mientras Luis Talone atendía a las personas interesadas en comprar alguno de los títulos exhibidos en las vitrinas, Guido Alonso, en diálogo con Télam, adelantó que el prestigioso autor esta preparando "un nuevo libro sobre la desertificación de los dos tercios del territorio pampeano, producto del corte de las ex correntías del Río Atuel por Mendoza, un tema de litigio entre ambas provincias".
 

28.4.15

PROGRAMA DE LA MATERIA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO PENAL



Objetivos Generales: Esta materia pretende describir y analizar las instancias de control social y su evolución histórica, a la luz de los significados y significantes de la infracción y su correlación con el sistema penal.
La denominada “cuestión criminal”, será abordada a partir de las agencias que se ocupan de la misma, recorriendo las distintas corrientes históricas de pensamiento que intentan explicar la criminalidad acudiendo a la sociología.
Objetivos Especiales: El Sistema Penal, entendido como instrumento de un esquema de control y  reproducción de un determinado estado de situación, se expresa a través de instituciones y organizaciones sociales. Esta realidad permitirá abordar críticamente las lógicas y racionalidades del Sistema Penal  partir del análisis crítico de las instituciones que lo constituyen y de sus operadores.

La asignatura pretende proporcionar elementos teóricos y metodológicos para el análisis tanto de las instituciones como de las acciones mediante las que se reacciona desde el estado y la sociedad frente a la cuestión criminal, recorriendo los distintos discursos históricos y permitiendo que el abordaje de esas narraciones permitan identificar los factores que interactúan como instancias de control y dominación punitiva.  

23.4.15

SOBRE "NEUROCIENCIA" Y PSICOLOGÍA

por Aitor Álvarez Fernández (*)

Se pretende explicar a qué se debe el continuo incremento de neurocientíficos en el tratamiento de cuestiones psicológicas y delimitar la Psicología frente a las «Neurociencias». 

1. Planteamiento de la cuestión En los últimos tiempos la presencia e influencia de neurólogos, biólogos, psiquiatras y profesionales de diferentes gremios (todos los cuales se presentan bajo el rótulo genérico de «neurocientíficos») en los debates acerca de las cuestiones psicológicas ha experimentado un considerable aumento. Bajo el pretexto de estudiar «científicamente» la conducta humana todos estos profesionales tratan de aportar sus conocimientos especializados, en nombre de la tan pretendida «interdisciplinariedad», en pro de un mayor avance de «la» ciencia. Sin embargo, esta pretensión, en último término, se encuentra sustentada por una falta de delimitación gnoseológica del campo de la Psicología que da pie a que en sus discusiones y planteamientos prácticamente «todo el mundo tenga algo importante que decir y, principalmente, que aportar». Ahora bien, ¿acaso un físico, un matemático o un economista no pueden estudiar «científicamente» la conducta humana? De ser así, ¿por qué en los textos, facultades y discusiones sobre Psicología su presencia es prácticamente inexistente? 2. La concepción de la Filosofía de los neurocientíficos En líneas generales, los neurocientíficos, amparados por el fundamentalismo científico tan en auge en nuestros días, consideran que el desarrollo de las ciencias contemporáneas ha puesto fin a la especulación filosófica que, a diferencia de ellas, no permitía conocer nada con seguridad, lo cual ya lleva implícita, necesariamente, una posición filosófica. La Filosofía es un saber sustantivo que se ocupa de una serie de cuestiones de índole «especulativa» que se alejarían de nuestra realidad más inmediata (dominada por la ciencia) y, por tanto, de escasa importancia para nuestros problemas cotidianos. En todo caso, cabría agradecer a la Filosofía el planteamiento de ciertos problemas que han abierto la vía para fructíferas investigaciones científicas.

14.4.15

VIVIR SIN MANICOMIOS

Un libro de Franco Rotelli
Prólogo de Vicente Galli
La clave teórico pragmática de las raíces y el desarrollo de la Reforma Psiquiátrica italiana fue la descomposición, el desmontaje, el desenmascaramiento y el cierre del manicomio. Que realizaron simultáneamente con el desenmascaramiento y transformación de la psiquiatría, que plasmó su estructura disciplinaria junto con la del manicomio y con la simultánea concepción de la “locura” como “enfermedad” y “peligrosidad”, sin conexiones con los contextos institucionales y culturales. Manicomios y psiquiatría arcaica “que pueden y deben terminar a causa de su ineficacia terapéutica, su rol de prescripción de la custodia y la exclusión, la lesión grave a los derechos de ciudadanía, su inequidad social”.
Procesando el desmontaje, los gestores de la reforma salieron del manicomio de Trieste hacia el territorio junto con los pacientes que fueron externando y lo cubrieron de servicios. Inventaron nuevas instituciones, aptas para ocuparse de las personas sin excluirlas ni tutelarlas. Atendiendo a los que salían y también a los que nunca habían tenido disponibilidad de servicios para sus problemáticas. Con lo que fueron dando sustento fáctico a lo que es para ello el objeto de la psiquiatría epistemológicamente congruente con la negación de la enfermedad como algo que está sólo en el cuerpo y/o en la psique (concepción simplificadora, lineal, reduccionista): el objeto fue siempre para ellos “la existencia sufriente de los pacientes y sus relaciones con el cuerpo social”. “Existencias enfermas” y re-enfermadas desde las institucionalizaciones oriundas del paradigma enfermedad-peligrosidad-exclusión.

7.4.15

LA VERDAD SOBRE LOS PRESOS PAMPEANOS Y LA NOTA DEL STJ AL GOBIERNO PROVINCIAL

El día 17 de marzo, después del Habeas Corpus correctivo interpuesto por el MPD ante el Tribunal de Impugnación Penal, que este cuerpo elevara al máximo Tribunal Provincial,este último se ha expedido sobre la situación carcelaria en la Provincia a través de una comunicación cursada al Poder Ejecutivo. La novedad, publicada en el sitio oficial del Poder Judicial de La Pampa expresa textualmente: "El Superior Tribunal de Justicia, preocupado por la superpoblación y hacinamiento de personas privadas de libertad que se verifica en alcaidías y dependencias policiales, le envió una nota al gobernador Oscar Mario Jorge solicitándole que arbitre medidas de manera urgente y sugiriéndole, al menos en forma temporaria, que considere la posibilidad de trasladar a los detenidos a espacios edilicios provinciales que brinden una estructura acorde a los requerimientos penitenciarios.
El texto fue recibido por la Secretaría General de la Gobernación el 17 de marzo y está firmado por la presidenta Elena Victoria Fresco y los otros tres ministros que componen el cuerpo, Eduardo Fernández Mendía, Víctor Luis Menéndez y Hugo Oscar Díaz.
Allí se califica de acuciante la situación que atraviesa ese grupo de personas –cuantificada en dos centenas– y se señala que ello es debido a la falta de recepción de los detenidos por parte del Servicio Penitenciario Federal (las negrillas nos pertenecen).
También se recuerdan las resoluciones notificadas por jueces de ejecución penal al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad advirtiendo acerca de que cada vez más se están viendo afectadas las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los detenidos; lo que coadyuva a poner en riesgo la integridad de los agentes provinciales.
En ese contexto, el Superior Tribunal, previendo la posibilidad de que se produzcan conflictos inminentes, le requirió al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas que considere necesarias y apropiadas para solucionar el problema y que dé inmediata intervención a las autoridades correspondientes.
Además propuso, ante la emergencia declarada públicamente respecto a alcaidías y dependencias policiales, que se evalúe la alternativa de hallar otros espacios físicos adecuados para albergar a los detenidos".

6.4.15

¿VÍCTIMA Y VERDUGO?

Por Ignacio Castro Rey

Hace pocos días un veterano de la aviación española, antes del inesperado giro que tomó más tarde la catástrofe de Germanwings, sugería que los últimos accidentes aéreos obedecía con frecuencia a una misma tipología: la velocidad de crucero del aparato, el abandono del control manual de la aeronave a la implementación tecnológica, y un cambio brusco en las condiciones externas que hace imposible que los pilotos puedan ser capaces de recuperar el control de la aeronave. Este mismo experto reconocía también que la capacidad de control manual de la actual generación de pilotos es preocupantemente baja, fenómeno que nos resulta familiar.

En efecto, tal desactivación de potencias intuitivas y manuales es más que probable si juzgamos por la evolución diaria de nuestro entorno humano. Sin embargo, el desesperado Warum? (¿Por qué?) en Halten de los compañeros de los dieciséis escolares muertos en lo que parecía un fatal accidente tuvo una respuesta que es peor que todas las preguntas que puedan quedar en el aire. En contra de la hipótesis de aquel inteligente y honesto artículo, resultó que la causa de esas ciento cincuenta muertes fue una irrupción brusca de lo que un día se llamó "factor humano". Una decisión humana que podría haber sido lentamente sopesada, como lo indicaría que la respiración del copiloto Andreas Lubitz apenas cambie mientras dirige el A320 contra el macizo de los Alpes que conocía bien, es lo que ha provocado el siniestro que dejó a varias naciones en suspenso.

Si hay que emplear todavía tantos condicionales en lo que rodea a esta tragedia es porque continúan en el aire demasiadas incógnitas y porque, sencillamente, la era de la información es la era de una incertidumbre escandalosamente alta. Además, aparte de la complejidad intrínseca del suceso, son tales las presiones de todo tipo (también por parte del impresionismo informativo) que no es de descartar que esta triste historia vuelva a dar otro giro espectacular en pocos días.

4.4.15

FUERZA SIN LEY


Por Ignacio Castro Rey
La Ley se hace para un conjunto de hombres iguales ante la letra de unas tablas, un articulado o unos mandamientos. Teóricamente, en el mundo moderno y no tan moderno, las leyes están ahí como garantía de igualdad entre los ciudadanos. Incluso cuando una dictadura se dota de leyes es un paso, pues da una apariencia de que el simple arbitrio no gobierna, ni el nepotismo, ni el capricho de un solo monarca o una casta.
 De algún modo, parece mentira que hoy tengamos que plantear de nuevo la cuestión de la igualdad ante la ley. Casi debería ser una vergüenza que entre nosotros tengamos que volver a discutir que una mujer y un hombre deben ganar el mismo dinero en idéntico trabajo, que un político importante debe pagar como un hombre cualquiera una infracción de tráfico, etc. Pero es evidente que todas las sociedades, incluidas las más democráticas, son una forma de poder y buscan la manera de encontrar su masa útil de desigualdad.

2.4.15

EL JUZGAMIENTO DE LOS CRÍMENES EN LA TRAGEDIA DE LOS BALCANES

"Este es un libro dirigido a los lectores latinoamericanos interesados en conocer el funcionamiento de los tribunales internacionales desde una perspectiva que interpela la vigencia de ciertos productos culturales hegemónicos, que resultan particularmente gravitantes en materia jurídica.Los procesos de construcción de los discursos y prácticas dominantes, como en todos los campos, necesitan adueñarse de significados y significantes, articular un sentido común colonizador y reproducir las consignas legitimantes sobre las que se asienta un gigantesco e inédito sistema
de control global"  (del Prólogo del autor).

31.3.15

ANALOGÍAS TOTALES. LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LA PAMPA Y BUENOS AIRES

En los últimos días, Ezequiel Kostenwein defendió exitosamente su tesis doctoral en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. La pesquisa, titulada “La cuestión cautelar. La prisión preventiva en la Provincia de Buenos Aires a partir de la Ley 11922 (1998-2013)”, es una extraordinaria mixtura de indagaciones cuantitativas y cualitativas, que aborda no solamente el fenómeno de la prisión preventiva, sino también la incidencia que en las tasas de encarcelamiento han tenido instituciones tales como la flagrancia. Si a estos dos elementos agregáramos, por ejemplo, el juicio abreviado, habríamos dibujado nuestro propio reino. La Pampa también está atravesada por las formas indiscriminadas y aluvionales de utilización de la prisión preventiva y la aceleración de las condenas de cumplimiento efectivo. Algo más que problemas de “implementación” parecen interpelar a los nuevos sistemas adversariales y sus consecuencias en términos de prisionizacón sin límites. Con alrededor de 120 presos condenados firmes en comisarías y alcaidías provinciales, y alrededor de 130 presos cautelares en esos mismos espacios, los estándares de secuestro institucional tienden a reproducirse en una proporción casi idéntica a la que demuestra Kostenwein en la Provincia de Buenos Aires y mediante lógicas de las resoluciones judiciales que apelan a razonamientos que el investigador escruta y desmenuza incluso en lo que hace a las formas que esas decisiones se explicitan. Lo que Kostenwein (dirigido por Gabriel Kessler) denomina “los modos de argumentación de los actores judiciales en la práctica,examinando las justificaciones” mediante las que se adoptan esas decisiones cautelares. Más allá del hallazgo de las argumentaciones mediante las que son impuestas, Kostenwein apela a la etnografía para determinar, por ejemplo, que el 90% de las prisiones preventivas solicitadas por las fiscalías en un Departamento Judicial bonaerense son otorgadas y casi todas las que se solicitan son otorgadas en otro. Las analogías no pueden ser más inquietantes, si recordamos que en una circunscripción judicial de La Pampa, entre enero y febrero de este año, se hizo lugar, por parte de los jueces de control, a alrededor del 90% de las prisiones preventivas solicitadas. La tesis, desde luego, no termina allí. Pero para nosotros, estas regularidades de hecho constituyen un llamado de atención imposible de soslayar. Por supuesto, también nosotros contamos con muchos más datos que confirman las analogías y, sobre todo, explican las consecuencias de la utilización desmedida del encierro estatal. Hasta la próxima.


15.3.15

LA VERDAD SOBRE LOS PRESOS PAMPEANOS Y LAS OPERACIONES DE PRENSA (III). LAS RAZONES CIVILIZATORIAS DE UN DERECHO EMANCIPADOR

"Creemos necesario destacar que la afectación de derechos arriba mencionados sucede en una etapa procesal que, hasta hace poco tiempo, siempre ha sido desatendida por la agencia judicial, suponiendo esa ausencia de mirada el desmedido, a nuestro criterio, empoderamiento de la agencia administrativa que ha ocupado ese espacio vacío. Durante años -y aquí asumimos la cuota de responsabilidad que nos cabe en el ejercicio de la magistratura- el Poder Judicial se ha desentendido de una realidad dolorosa -que era más fácil y cómodo ignorar- entendiendo que su tarea terminaba con el dictado de una sentencia, pudiendo hasta decirse que estaba internalizado que en lo que atañía al cómo iba a desarrollarse esa privación de libertad el poder estaba dado al ejecutivo, siendo así que el poder judicial sólo participaba en una etapa cognitiva que devolvía a la persona sujeta a proceso a la misma agencia -ejecutiva- que lo había ingresado al ius puniendi. Si bien una interpretación al día de hoy de los textos constitucionales -art. 18 de la ley fundamental nacional- implicaba ya lo equivocado de esa óptica adoptada por la agencia judicial respecto a su posicionamiento en la etapa de ejecución, el proceso de cambio de mirada necesitó respaldarse en el texto positivo de una norma infraconstitucional -y nos referimos a la sanción de la ley 24.660, ya hace diecisiete años- para empezar a transitar el camino de dar a los derechos declamados la operatividad necesaria. Proceso que se acelera con la toma de conciencia de los operadores judiciales en cuanto al impacto que en el derecho interno han hecho los tratados suscriptos por la Nación, y la ineludible necesidad de ajustar todas las resoluciones a los derechos allí enumerados - explícita o implícitamente-, sosteniendo la garantía estatal. Y en esto también se imbrinca, entendemos, la decisión de esta cuestión, tratando esta resolución de achicar la brecha tradicionalmente existente entre la profusa lista de derechos reconocidos y la realidad de su vigencia en la vida concreta de cada uno de los individuos portadores de aquéllos".
Así se expedía el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa, en un fallo plenario dictado en el Legajo 9221/2, caratulado: "CHENA, Roberto Emanuel y otros S/ Hábeas corpus colectivo", de fecha 17 de diciembre de 2013, mediante el que hacía lugar a la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Ministerio Público de la Defensa, entendiendo el máximo tribunal penal de la Provincia que el alojamiento de condenados a disposición de la justicia provincial en establecimientos dependientes del SPF fuera de la provincia, supone un agravamiento ilegítimo a las condiciones en que se cumple la privación de libertad  por la afectación que acarrea este extrañamiento en los derechos humanos de las personas privadas de su libertad (textual del dispositivo pertinente de la sentencia).
Ahora, por si quedaba alguna duda, la cuestión se ha saldado definitivamente, y no solamente en La Pampa.
La Procuración General Penitenciaria de la Nación da cuenta en su sitio oficial que reintegrarán a sus provincias de origen a personas detenidas en Salta.
Según la información oficial, la medida la dispuso el juez federal Miguel Medina. Los fiscales Eduardo Villalba y Abel Córdoba habían presentado un habeas corpus por la violación de derechos básicos, entre ellos el desarraigo familiar y el acceso a la justicia.
El Juzgado Federal Nº 2 de Salta resolvió hacer lugar al habeas corpus colectivo y correctivo presentado por el fiscal federal de esa provincia, Eduardo Villalba, y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba. El objetivo del escrito fue que todos aquellos internos del Complejo Penitenciario del NOA que fueron trasladados por el Servicio Penitenciario Federal desde otras provincias hacia Salta regresen a la jurisdicción del juzgado del que dependen.
En la resolución, que trata los casos de 26 persona, el juez Miguel Medina sostuvo que “el traslado de un interno provoca reales afectaciones a sus derechos y garantías dentro y fuera del proceso penal. El alejamiento obstaculiza la posibilidad de que tenga acceso inmediato a su defensor y al juez de ejecución lo que imposibilita realizar un control adecuado sobre las condiciones de detención, afectándose el derecho de defensa y los principios de inmediación y acceso a la justicia.”Además, el magistrado manifestó que es de vital importancia que los internos cuenten con la visita de sus familiares y allegados, algo que se dificulta encontrándose alojados a tantos kilómetros. Para el juez, el vínculo de las personas en situación de encierro con el exterior es esencial y contribuye a la función resocializadora de la pena".

7.3.15

LA VERDAD SOBRE LOS PRESOS PAMPEANOS Y LAS OPERACIONES DE PRENSA (II)

¿La policía pampeana se desmiente a sí misma? La "desmentida" que los responsables de la Seccional Segunda de Policía hicieran a instancia del mismo medio empeñado en tergiversar los hechos objetivos e incontrastables de la situación real de las alcaidías y comisarías de La Pampa, no resiste sus propios archivos. Tal como lo planteó el Ministerio Público de la Defensa en el Hábeas Corpus interpuesto ante el TIP, el día 17 de febrero de 2015, en la Seccional Segunda había 9 presos alojados, pese a la orden expresa y el tope impuesto pocos días antes por la Jueza de Control Florencia Mazza. El número y las condiciones personales de los detenidos, surge del propio parte emitido ese día por la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia; esto es, de documentos oficiales de la propia fuerza. Aparecen como alojados en el mencionado establecimiento un detenido a disposición de la Justicia Federal y los ocho restantes a disposición de fiscales Provinciales, todos con prisión preventiva. Consta además la edad de los detenidos, sus domicilios y el o los delitos que se le imputan, como de ordinario ocurre. No es ésta, además, la única evidencia con la que contamos para hacer esa afirmación ni el único dato relevante disponible respecto de la Seccional Segunda. Por razones de decoro, no se publican las identidades de las personas allí alojadas. 
.

5.3.15

LA VERDAD SOBRE LOS PRESOS PAMPEANOS Y LAS OPERACIONES DE PRENSA (I)

Tengo que ser sincero. No pensaba utilizar este (único) espacio destinado a difundir aspectos que tienen que ver con el sistema penal y el estado, para intervenir en una cuestión que ocupa algunas primeras planas periodísticas en la Provincia. Pero la catarata de mentiras, supuestas reflexiones, titulares mendaces, e hipotéticas declaraciones entrecomilladas de funcionarios de turno, me obligan a explayarme sobre un tema que, además, es público y hace a la vapuleada política criminal pampeana. Para eso, Derecho a Réplica seguramente va a tener que utilizar más de una edición, dada la complejidad del tema y la densa trama histórica implicada.
En primer lugar, cabría preguntarse por qué el tema de la realidad de hacinamiento y superpoblación de alcaidías y comisarías rebota justamente ayer con un titular absolutamente falaz y malintencionado de un medio local. El suelto hace una interpretación francamente retorcida, en la que atribuye una realidad que lleva ya muchísimo tiempo, al regreso de presos pampeanos ordenados por tribunales de esta Provincia (Tribunal de Impugnación Penal y Juzgados de Ejecución).
Pues bien, como nada dice ese medio de prensa local sobre las verdaderas causas del problema (el mismo diario sigue falseando la realidad, citando en su edición de hoy a un funcionario del Poder Ejecutivo), salvo denostar por enésima vez al suscripto, debe aclararse que las motivaciones reales de la situación en comisarías y alcaidías obedece a factores muy distintos a los enunciados, y por supuesto,  desmiente  rotundamente las especies que tomaron estado público.
La verdad es que durante la semana anterior, el Ministerio Público de la Defensa presentó ante el Tribunal de Impugnación un nuevo Habeas Corpus colectivo y correctivo, justamente en razón del agravamiento sostenido y sistemático de las condiciones de detención en alcaidías y comisarías, tendiente a hacer cesar las mismas, que absolutamente nada tienen que ver, insistimos, con la venida a su Provincia de ciudadanos pampeanos confinados durante años a cientos de kilómetros de distancia, en lo que significa una de las violaciones más groseras a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Este nuevo Hábeas Corpus pretendía, para que se entienda, algo similar a lo planteado en el caso "Verbitsky". El Tribunal de Impugnación consideró que no era materia de su incumbencia, pero también que el planteo era "razonable", y por eso lo elevó al Superior Tribunal de Justicia, juntamente con la prueba documental que acreditaba la privación de derechos que el propio Estado ocasiona

28.2.15

ALGO MÁS SOBRE LAS SENTENCIAS DEL TPIY

Profesor Michael Mandel (Universidad de York, Toronto)
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, ha sido -como ya expresáramos- por demás cuestionado, tanto por su selectividad en los procesos de persecución y enjuiciamiento penal derivados del conflicto balcánico (criminalizando prácticamente a una sola de las partes en conflicto), cuanto por su inexplicable pasividad frente a las violaciones a los DDHH en que incurrieron las misiones humanitarias patrocinadas por la OTAN.
La OTAN, según se afirma, habría arrojado  sobre Yugoslavia “25.000 toneladas de bombas y misiles, incluyendo más de 50.000 proyectiles que representan más de 20 toneladas de uranio empobrecido y 152 proyectiles contenedores de 35.000 bombas de racimo, asesinando premeditada y deliberadamente a cientos de personas civiles, destruyendo sistemáticamente la economía e infraestructuras del país, incluyendo refinerías y plantas químicas, produciendo daños de guerra evaluados en más de 100.000 millones de dólares. Esta agresión fue un verdadero terrorismo aéreo. Mientras tanto, los terroristas de a pie provocaron otros cientos de víctimas civiles durante la agresión y continuaron sus crímenes incluso después que la OTAN tomara el control sobre Kosovo. En esas fechas destruyeron más de 100 iglesias cristiano-ortodoxas, muchas de ellas monumentos de la época medieval patrimonio de toda la humanidad” (…) “El TPIY, siendo un “tribunal” esponsorizado por la OTAN, nunca ha presentado cargos contra ningún líder de la Alianza Atlántica o piloto de la misma por crímenes de guerra, negándose a responder ante las acusaciones de diversos organismos, como el grupo de procuradores canadienses dirigidos por el magistrado Michel Mandel o Amnistía Internacional. Ninguno de los líderes terroristas identificados en Kosovo ha sido acusado. Pero el Sr. Presidente Slobodan Milosevic fue ilegalmente detenido y secuestrado. Su crimen fue la real defensa de su país frente a agresiones externas y al terrorismo interno. No hay en este "proceso" ninguna justicia ni igualdad[1]
El TPIY acusó hasta ahora a 161 personas. De ellas, según datos oficiales, 94 son serbias. Llamativamente, 75 de esos 94  enjuiciados fueron finalmente condenados. Las condenas dictadas (por el propio tribunal o por cortes de de otros países a los que fueron derivadas las causas) no son menos elocuentes en cuanto a la asimetría de los pronunciamientos del cuerpo. Se aplicaron más de 1170 años de prisión y 5 condenas de prisión perpetua a los serbios, y menos de 300 años a los condenados de las restantes partes beligerantes. Se absolvió a 18 personas. Solamente 3 eran serbios. Varios de ellos murieron en prisión o durante el proceso. El monto brutal de las penas impuestas, en muchos casos, pone en crisis los paradigmas de resocialización y readaptación de los penados, propios de un derecho penal liberal, que no debería dejar de regir la motivación y el sentido de las penas que se aplican en el orden internacional, si es que éste quisiera verdaderamente afiliarse a los paradigmas de un derecho penal democrático y civilizado (para el caso de que un sistema de castigo pudiera serlo).
Está claro que existe una polémica en punto a esta cuestión, que parece estar lejos de ser saldada. En función de estas disidencias, que para mí no encuentran razón de ser, porque no me resigno a que el castigo tenga para la justicia internacional una justificación meramente retributiva, es interesante analizar cuál es la concepción dominante en algunos Estados nacionales en cuyo territorio se purgan condenas por delitos de lesa humanidad y genocidio impuestas por tribunales internacionales, incluido el TPIY, para desentrañar cuáles son los ideales que continúan guiando e influyendo respecto de las formas de cumplimiento de esas sanciones.
Acaso el supuesto más ilustrativo en este sentido sea el de Noruega, que a través de documentos oficiales[2] parece no dejar dudas alguna acerca de la vigencia plena de los paradigmas correccionalistas en lo que hace a la ejecución de la pena privativa de libertad de los condenados[3].




[1] Semanario Serbio, disponible en http://www.semanarioserbio.com/modules.php?name =News&file= article&sid=2817
[2] “Penas que funcionan: menos delincuencia, una sociedad más segura”´, Ministerio Noruego de Justicia y de la Policía. Resumen en español, disponible en http://img3.custompublish.com/getfile.php/ 757324.823.usfdxvxesa/spansk.pdf?return=www.kriminalomsorgen.no
[3] “El Ministerio pone de manifiesto diferentes aspectos del trabajo de resocialización de los condenados penales: penas de prisión y resocialización, cumplimiento de la condena en la sociedad, grupos que necesitan una adaptación especial, intereses y necesidades de las víctimas y los parientes próximos de los internos. El objetivo de la actividad profesional de la Administración Penitenciaria es un penado que, cuando cumpla su condena, esté libre del hábito de la droga o tenga control sobre su consumo, disponga de una vivienda adecuada, sepa leer, escribir y contar, tenga oportunidades en el mercado laboral, mantenga relaciones con sus familiares y amigos y con el resto de la sociedad, esté capacitado para buscar ayuda para los problemas que puedan surgir tras la puesta en libertad y sea capaz de vivir de manera independiente. El Gobierno estima que ‘entrar con buen pie’ en la puesta en libertad aumenta las posibilidades de que los internos logren llevar una existencia libre de criminalidad. La aplicación de la pena de privación de libertad se basará en los cinco pilares antes reseñados: aquello que el legislador ha indicado como la finalidad de la pena, la perspectiva humanista, el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad ante la Ley, según el cual el reo, una vez cumplida la condena, ha pagado su deuda a la sociedad, y el principio de normalidad. La reclusión debe tener un contenido adecuado y todas las medidas deben basarse en conocimientos documentados. Las nuevas medidas que se ponen a prueba deben ser sometidas a evaluación. La política de aplicación de las penas tendrá debidamente en cuenta a todos los afectados: las víctimas del delito, el público y la sociedad en general y los delicuentes y sus parientes próximos”. (…) “Los internos no son en absoluto un grupo homogéneo, sino que muchos necesitan una adaptación especial. El informe estudia medidas de resocialización para grupos de reclusos en particular. Se trata de los detenidos en régimen preventivo, los condenados a medidas de seguridad, los menores de edad, los detenidos y condenados de lengua sami, los internos de nacionalidad extranjera, inclusive los condenados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y la Corte Penal Internacional (CPI) y los reclusos con graves problemas psíquicos y conductas desviadas. Las internas son también consideradas por separado ya que, dada su escasez, representan una parte ínfima del total de reclusos”.

26.2.15

EL TPIY Y EL CASO DE NASER ORIĆ

     Durante la guerra de los Balcanes, Naser ORIĆ fue comandante en jefe de las fuerzas musulmanas de Bosnia en los municipios del este de Bosnia y Herzegovina, incluida Srebrenica, desde 1992 hasta la caída sangrienta de este enclave en 1995. Entre el 24 de septiembre de 1992 y el 20 de marzo 1993, los miembros de la policía militar bajo su mando detuvieron a varios serbios en Srebrenica. Los detenidos habrían sido sometidos a abuso físico, tratos inhumanos y degradantes y lesiones graves que, en algunos casos ocasionaron la muerte de sus víctimas. Orić sabría o habría tenido razones para conocer estos actos de maltrato, pero no tomó las medidas necesarias y razonables para prevenir o castigar a los autores.
La acusación inicial contra Naser Orić fue confirmada en La Haya el 28 de marzo de 2003 y posteriormente modificada. Finalmente, fue acusado por violaciones a las leyes o usos de la guerra, incluyendo la destrucción arbitraria de ciudades o pueblos, no justificada por necesidades militares, asesinato y tratos crueles. El 30 de mayo de 2006, la Sala de Primera Instancia del TPIY lo encontró culpable de incumplimiento de su deber como superior para evitar el asesinato y el trato cruel de los prisioneros serbios en Srebrenica, un lugar emblemático en términos de crímenes masivos por los que resultaron enjuiciados y condenados militares serbios. Orić fue condenado originariamente a dos años de prisión. Tanto la defensa como la fiscalía presentaron sendos recursos de apelación.
El 3 de julio de 2008, la Sala de Apelaciones del TPIY lo absolvió de todos los crímenes cometidos contra los detenidos serbios invocando la pretendida falta de pruebas.
La absolución de Orić –caracterizado un “señor de la guerra”- conmocionó al mundo y puso de manifiesto, una vez más, la falta de imparcialidad que muchos han señalado respecto del Tribunal. Es que, vale reiterarlo, se lo acusaba de hechos gravísimos y sistemáticos, que van desde matanzas organizadas en las aldeas serbias que circundan Srebrenica durante casi tres años consecutivos, previos a la caída del enclave (esto ha sido sostenido incluso por el propio general Morillon, comandante de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Bosnia), hasta el aniquilamiento colectivo, el sometimiento a esclavitud y prostitución de cautivas serbias, la muerte de civiles de la misma nacionalidad y tormentos sanguinarios inferidos a sus víctimas. Hay un hecho puntual que ha pasado casi inadvertido, pero que tiene una importancia política e histórica trascendental para mensurar el impacto global de semejante decisión. Conocida la decisión liberatoria, no solamente fue Serbia la que expresó su desagrado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, a través de su vocero Andrei Nesterenko, abogó por el inmediato desmantelamiento del Tribunal, precisamente por su falta de ecuanimidad[1].

19.2.15

EL PROFESOR DE DERECHO PENAL EN SU LABERINTO


El denominado Plan de Trabajo y Capacitación Docente implica, en la UNLPam, y particularmente en la Facultad en la que me desenvuelvo, un requisito burocrático que sustituye las instancias concursales y de oposición que deberían revalidar periódicamente los posicionamientos docentes. La actualización real de esas proyecciones, se subsana con una declaración unilateral, casi anodina, cuyo incumplimiento o demora en la presentación depara (con la convalidación de las autoridades internas y de oscuras instancias judiciales de temible pasado) consecuencias irreparables: la expulsión del docente. Aunque esto parezca mentira. Por lo tanto, puesto en la obligación de confeccionar cada tres años este "Plan de Trabajo y Capacitación docente", siento que es posible, y hasta necesario, darle una connotación diagnóstica, provocativa, acaso infrecuente. Que el mencionado plan se transforme en un recorrido crítico previo del Programa y los contenidos de la asignatura, destinado a evaluar e interpelar permanentemente los contenidos de dicha proposición pedagógica con las dinámicas que proponen las profundas transformaciones de las sociedades tardomodernas en materia de control social punitivo, y por ende, de los sistemas penales internos e internacionales. Apuntamos a tener una mirada y un recorrido holístico de los contenidos curriculares, a profundizar sobre los tipos penales que aborda nuestro catálogo discontinuo de ilicitudes, comprendiendo al mismo como un todo orgánico que debe resistir los exámenes de método y sistemática.
La forma en que esos contenidos sean impartidos adquieren una relevancia académica y social trascendental, excluyente, dada la mentada incidencia colectiva de la cuestión penal en las sociedades de la información y el conocimiento. Esa incidencia social creciente, fabulosamente alimentada desde los medios de comunicación de masas, transforma al derecho penal en un ordenador de la vida cotidiana. Un punto de encuentro en las tertulias y las gramáticas cotidianas. Un objeto de estudio que, por lo tanto, debe ser analizado con un contenido crítico que desarrolle en el estudiante los mecanismos epistemológicos de advertencia frente a un proceso sistemático de alienación y colonización de las opiniones.
En esa inédita disputa cultural, atravesada por subjetividades y perspectivas ideológicas como nunca antes en la historia, subyace buena parte de las conjeturas que intenta poner en cuestión nuestro mentado plan de actividades.
Por lo tanto, resulta particularmente trascendente la forma en que los contenidos se imparten desde una universidad pública, socializando conocimientos dogmáticos y político criminales, desde una perspectiva democrática compatible con el paradigma de la Constitución y la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho.
En la pax imperial de las escuelas de derecho, es moneda corriente que un alumno crea que es prioritario conocer si se está ante un robo simple o agravado en función de la altura que el delincuente de calle o de subsistencia ha debido sortear, o cuál es el encuadre “correcto” de un ataque sexual que no conlleve penetración. Eso, para muchos estudiantes (claro que no para todos), es lo importante de la parte especial del código penal. Menudo problema para la democracia si esos alumnos no observan como urgente la necesidad de distinguir los genocidio de los poderosos del mundo de los crímenes de lesa humanidad o de guerra, o reconocer regularidades de hecho entre el sistema penal internacional y los ordenamientos internos, entrelazados en un único sistema de control global punitivo. O si no intuyen la gravedad de los delitos ecológicos o medioambientales, o la importancia de conocer las nuevas formas de atentado contra la vida democrática. Peor aún, muchos de los alumnos creen que esto “no es derecho penal”. Su mirada no trasciende, en general, el dogmatismo aséptico y pretendidamente normal, en el que su bagaje de conocimientos debería ser un cócktel brutal que se compone de elementos del saber esquemáticos como la diferencia entre el  robo y el hurto, las "bondades" de la OEA o la ONU, o de qué se trata el libramiento de cheques sin provisión de fondos. Si seguimos generando esa clase de profesionales, estaremos traicionando el espíritu inicial de creación de la carrera, pero, lo que es más grave aún, estaremos arrojando al"mercado" abogados de sentido común complaciente, fácilmente anexables por el establishment. No entender, en ese caso, los procesos de dominación y control, las argucias imperiales en las trazas de colonización cultural lleva a reproducir el discurso afín a las fuerzas (ya ni siquiera ocultas, sino elocuentemente desembozadas) de la reacción, implica ser funcional a un pensamiento conservador.

11.2.15

HACIA UN PROTOCOLO FACULTATIVO EN LA PROVINCIA.

“Avances en la implementación del Protocolo Facultativo en las provincias y en la CABA” Para describir el estado actual de la implementación del Protocolo Facultativo en Argentina presentamos tres ejes, de acuerdo al grado de avance en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: proyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura (MLP) presentados en legislaturas provinciales; Anteproyectos de ley de creación de MLP desarrollados de manera conjunta con la SDH; y Procesos de construcción de consensos para la elaboración de anteproyectos de ley de creación de MLP. 1 1. Proyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura presentados en legislaturas provinciales Al momento de la creación en la SDH del área responsable de la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas en Argentina, existían proyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura presentados en las legislaturas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La SDH se ha vinculado con actores claves de estas provincias con el objetivo de impulsar la aprobación de los proyectos. Dicho trabajo se concentra en brindar apoyo político y asistencia técnica con el objetivo de que los mecanismos diseñados en dichos proyectos se adecuen a los principios establecidos por el Protocolo Facultativo, la jurisprudencia del SPT y las recomendaciones del SPT al Estado Argentino. 2. Anteproyectos de ley de creación de Mecanismo Locales de Prevención de la Tortura desarrollados de manera conjunta con la SDH En las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los anteproyectos de ley de creación de Mecanismo Locales de Prevención de la Tortura se encuentran en distintos grados de avance. En las mismas ya se han consensuado o elaborado conjuntadamente con la SDH anteproyectos de ley. Este trabajo conjunto se ha desarrollado desde la SDH con las máximas autoridades de derechos humanos provinciales, poderes ejecutivos y legislativos y organizaciones de la sociedad civil. Y, además, en 1 Por una descripción de las provincias en que existen Mecanismos de Prevención de la Tortura en funcionamiento o creados por ley pero aún no implementados, ver: Línea de Trabajo 3.algunas de estas provincias se mantuvieron reuniones con altas autoridades del poder judicial, de la defensa pública y de los ministerios de la acusación. 3. Procesos de construcción de consensos para la elaboración de anteproyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura Con las provincias de Jujuy, La Pampa, Neuquén y San Juan, desde la SDH nos abocamos a la construcción de consensos para la elaboración de anteproyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura. Este trabajo se realiza con las máximas autoridades de derechos humanos provinciales, los poderes ejecutivos y legislativos y organizaciones de la sociedad civil. En el caso de La Pampa, además de lo anterior, hemos establecido un dialogo con la Defensa Publica provincial, en tanto esta institución les viene proponiendo a los poderes ejecutivo y legislativo desde el año 2011 la creación del Mecanismo en la provincia. 

9.2.15

EL JUICIO ABREVIADO EN LOS CRÍMENES DE MASA

Como es comprensible, cuando damos nuestras discusiones dogmáticas, los penalistas pensamos en clave del funcionamiento local de los sistemas de persecución y enjuiciamiento. Una de las polémicas más frecuentes, es la que roza el juicio abreviado. Más allá de los pronunciamientos de nuestros tribunales sobre la constitucionalidad de este instrumento, todos sabemos que, en la práctica, presenta problemas de constitucionalidad no menores. Muchos de ellos, los debatimos sin solución de continuidad (que viola la garantía de no declarar contra sí mismo, que no es verdaderamente un "juicio", etc). Otros, en cambio, motivan disputas retóricas e ideológicas más sordas, aunque no menos importantes (que el abreviado es una herramienta de extorsión en manos de los fiscales, que multiplica las condenas y rápidamente aumenta las tasas de encarcelamiento e ainda mais). Lo que a veces nos pasa inadvertido, es cuál es la influencia del juicio abreviado en el derecho penal internacional y -particularmente- al momento de juzgar los crímenes de masa. Pongamos un ejemplo emblemático, juzgado por el TPIY, para entender más claramente a qué nos estamos refiriendo. Dražen Erdemović, un joven soldado de 25 años de edad, fue condenado por el TPIY, el 5 de marzo de 1998 a una pena atenuada (5 años de privación de libertad) por haber sido el primer acusado que colaboró con la Justicia internacional ofreciendo información sobre los crímenes cometidos en Srebrenica, en el noreste de Bosnia, y por haber confesado su participación en los fusilamientos allí perpetrados (el acusado confesó haber fusilado a más de 100 personas él solo). El 26 de agosto 1998, Drazen Erdemovic, que había admitido su participación en crímenes que implicaban delitos contra la humanidad, fue trasladado a Noruega para cumplir el resto de su condena.Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido en prisión, se le concedió la libertad anticipada el 13 de agosto de 1999. Hasta aquí la información oficial. Los datos duros de esta particular forma de administrar justicia. No puede dejar de destacarse, en primer lugar, que el acuerdo alcanzado entre el imputado y la fiscalía (en nuestra jerga procesal, una suerte de juicio abreviado) evidenció algunas situaciones problemáticas que no se visibilizan habitualmente cuando lo que están en juego son delitos comunes, de calle o de subsistencia.Entre otras cosas, y en lo que aquí importa, impidió el contraexamen de las versiones no siempre coincidentes y consistentes de Erdemovic, un personaje que había combatido para los tres bandos en pugna. Por otro lado, señalarse que el testimonio/ confesión de Erdemovic ha tenido una importancia crucial, decisiva, a los fines de la calificación jurídica definitiva que el tribunal hiciera respecto de los hechos ocurridos en Srebrenica. Finalmente, debe destacarse el impacto que su declaración tuvo en el juzgamiento de la conducta de otros enjuiciados (traigo a colación, a título meramente enunciativo, la del general Radislav Krstic). Cualquiera sea la perspectiva que se tenga sobre los hechos de Srebrenica, parece, como mínimo, forzado, acotar los crímenes de masa a lo acontecido en unos pocos días. Peor aún, si los hechos se circunscriben a lo acaecido el 11 de julio de 1995, fecha de la caída del enclave o, inclusive, a los 5 días previos inmediatos que duraron los combates mediante los que se disputaba el control de esa pequeña ciudad. Srebrenica habría expresado, según versiones alternativas a la oficial, una respuesta –brutal- a crímenes masivos perpetrados contra serbios entre 1992 y 1995 en pueblos vecinos, por parte de musulmanes bosnios. Basta con analizar el testimonio del general Morillon para contextualizar con mayor rigor aquella tragedia. El número de víctimas de Srebrenica y la forma en que las mismas perdieron la vida, es todavía materia de discusión fuera de La Haya. La declaración final de Drazen Erdemovic termina de apuntalar la versión occidental, aunque, como tantas otras, no cancela la historia. Ni la posibilidad de que la muerte de un número indeterminado de personas fuera producto de una venganza, o que los fusilamientos hubieran afectado a un número de personas en “edad militar” mucho menor a las 8000 víctimas a las que de ordinario se hace referencia en la versión oficial, quita la connotación criminal masiva de los perpetradores. Lo que sí afecta, y esto no parece un dato menor, es la tipificación de genocidio a la que llega el TPIY al momento de valorar los sucesos de Srebrenica. No es mi intención, desde luego, negar los espantosos crímenes efectivamente cometidos en ese lugar (a los que ya hemos aludido), ni hacer lo propio con la noción de genocidio adoptada por el tribunal. Lo que no puedo –ni debo- dejar de hacer, es confrontar el criterio dogmático utilizado por ese cuerpo internacional ad-hoc con el de los tribunales argentinos al momento de juzgar los crímenes cometidos en nuestro país por parte de la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Sobre todo, en lo que atañe al genocidio como una práctica criminal reorganizadora. Si los crímenes no se cometen con este objetivo o finalidad reorganizadora por parte de los perpetradores, se abre un espacio dogmático, para debatir la verdadera connotación de esas tragedias. Lo que, por cierto, supone un debate indudablemente enriquecedor de alta dogmática penal. Pero es comprensible que semejante confesión, tomada al pie de la letra por el TPIY, no solamente haya permitido penar (si se lo puede llamar de esa manera) al imputado, sino que la misma decidió una de las cuestiones más dolorosas y espinosas de la guerra. El tribunal decidió que hubo genocidio, fundamentalmente, a partir de la admisión de Erdemovic, sin que su confesión y colaboración pudiera haber sido confrontada por otros acusados, que fueron alcanzados por la potencia del relato del soldado. Para pensar, en otro contexto, una de las instituciones procesales que más atención concita en la región.

6.2.15

COMUNICADO DE APP FRENTE A LA CREACION DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA

La Asociación Pensamiento Penal expresa su agrado por la decisión presidencial de disolver la ex SIDE y proponer una reforma de la Ley de Inteligencia para saldar una gran deuda histórica de los gobiernos democráticos con los argentinos. Es imprescindible que una ley estratégica y vital, en lo que respecta a nuestra historia y a las necesidades futuras, sea debatida de una manera amplia, profunda y de cara a la sociedad, pensando en el resultado final y no en cumplir plazos que no ameritan urgencia. Si tenemos en cuenta que desde espacios oficialistas y opositores se ha señalado que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional inició con serias falencias técnicas y conceptuales, que no sólo no corrigen los problemas de la actual ley -como las capacidades de investigación criminal-, sino que se empeoran otras, rompiendo los buenos consensos generados en 2001, más necesario es dar un debate amplio que permita realizar una verdadera y efectiva reforma del sistema de inteligencia nacional al servicio de la democracia. Es importante destacar que este proyecto está siendo tratado en una situación de emergencia producto de una autonomización de la ex SIDE a lo largo de muchas décadas, donde se está involucrado personal que ingresó en la dictadura y trabajaba para agencias de inteligencia de otros países. Por estos motivos, entre otros, no se puede hacer una transferencia de todo el personal sin establecer mecanismos de reevaluación y depuración de los actuales agentes bajo criterios claros de permanencia e incorporación en función de servir a la democracia. Así como tampoco sin hacer las adecuadas judicializaciones de los agentes que se apartaron de la legalidad. El principio de transparencia debe primar en todo el Estado, incluida la Agencia Federal de Inteligencia. Esto no significa pecar de ingenuidad. Significa establecer criterios claros sobre la real necesidad de mantener cierta información confidencial o reservada durante un período de tiempo, para evitar nuevos ocultamientos y arbitrariedades. No se puede mantener el actual culto al secretismo donde ni siquiera la Comisión Bicameral de Control del Parlamento accede a decir cuántas veces se reunió. Las capacidades de control parlamentario de los recursos y actividades deben ser reforzadas explícitamente y no quedar libradas a la reglamentación. Así como también debe explicitarse qué información pueden y deben difundir nuestros representantes a la ciudadanía para saber cómo y cuanto está controlando el Parlamento a las agencias de inteligencia. Si bien algunas reformas del proyecto son necesarias y positivas, no se está proponiendo una reforma integral del sistema de inteligencia y creemos que esto es necesario y fundamental. Significa, entre otras cosas, quitarle poder operativo a la Agencia Federal de Inteligencia y que sus fuentes sean los organismos que debe dirigir, eliminar la "Orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina", creada por decreto en 1963 y tomar toda una series de medidas complementarias para controlar la forma en que el Estado recolecta y protege los datos personales y la privacidad de la ciudadanía. El oficialismo hoy tiene la obligación histórica de garantizar que el proyecto sea consensuado con la sociedad y con la oposición, quien también tiene la obligación de debatir y consensuar pensando en el país. Si este proyecto es para defender a los argentinos y la democracia, es una contradicción seria modificar una ley ampliamente consensuada, sin el actual consenso de las diversas voces del espectro político y social. 6 de febrero de 2015

UN APORTE DE NUESTRA FACULTAD A LA CAUSA DEL RÍO ATUEL




Al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Dr. Julio Cesar Alak S________/_______D 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Vice Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa a los efectos de hacerle llegar la opinión de nuestra comunidad académica con relación al anteproyecto del código penal elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, creada por el Decreto 678/2012, conforme la invitación que oportunamente se nos cursara mediante Resolución Ministerial número 567. En tal sentido debo señalar a Ud. que el Consejo Directivo de la Facultad por Resolución 087/12 dispuso la conformación de una Comisión Coordinadora para el análisis y debate del Anteproyecto del Código Penal, con una integración igualitaria de sus claustros (Guadalupe Bustos –alumna-, Mariano Gette -graduado, Alejandro Osio –docente-, Cecilia Bertole - Coordinadora área Derecho Público-, la que dispuso a tal fin la realización de una serie de actividades que a continuación se detallan. Así, el análisis y debate del Anteproyecto del Código Penal Argentino, tuvo su comienzo el día jueves 19 de Junio del corriente año a las 18 horas en el Salón Azul de la misma facultad (Coronel Gil N° 353, primer piso). En este primer encuentro, se llevó a cabo una conferencia-debate con la presencia del Dr. Roberto Manuel Carles, Coordinador de la Comisión para la Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad de Ciencias Económicas y Jurídica Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, y los Mag. Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes de Derecho Penal de esta Facultad. La actividad fue gratuita y abierta a toda la comunidad universitaria, organismos gubernamentales, ONG’s y la sociedad en general, y tuvo por finalidad constituirse en un primer espacio de análisis del objeto en cuestión, con el fin de reseñar sus características más salientes, y detectar aquellos temas que resulten de mayor interés para el debate. Posteriormente, el lunes 23 de junio a las 19:00 horas en el Salón Azul de la Facultad, se llevó a cabo una conferencia debate con la presencia de la Doctora María Elena Barbagelata, ex Diputada Nacional por el Partido Socialista e integrante de la Comisión redactora del Anteproyecto del Código Penal. La actividad presentó similares características al anterior encuentro. Finalmente el viernes 4 de Julio a las 19:00 horas en los recintos de la FCEyJ, se desarrolló un foro debate público, con comisiones temáticas conformadas de acuerdo a lo relevado en las primeras actividades para arribar a una reflexión y discusión más profunda y específica del Anteproyecto de reforma. Además, con posterioridad a la conformación de la comisión coordinadora, la misma dispuso una casilla de correo electrónica al público en general, para receptar hasta el 6 de Julio –inclusive- opiniones, ideas, críticas y todo otro aporte relacionado al Anteproyecto (reformacodigopenal@eco.unlpam.edu.ar). Como resultante de todas estas actividades la Comisión recibió propuestas de distintas personas y organizaciones, las que analizó, estudió y debatió conforme se desprende del Informe Final que se adjunta al presente con el contenido integral de las propuestas recibidas y el tratamiento dado por la Comisión. Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad de Ciencias Económicas y Jurídica Como conclusión, la Comisión puso en mi conocimiento que la opinión que pretendía se hiciera llegar a Ud. como expresión de toda la comunidad académica de nuestra Facultad es la que fuera expresada por el Dr. Eduardo Luis Aguirre Profesor titular regular de la cátedra Derecho Penal II de nuestra Facultad y que se vincula a una temática de hondo contenido emotivo y experiencial para todos los pampeanos. En tal sentido hago saber a Ud. que la cátedra entiende que, dada la sistemática elegida, en lo que concierne a los Delitos contra el Medio Ambiente, la Fauna y la Flora, Título XI del Anteproyecto, artículo 204, debería agregarse la tipificación de una conducta que resulta crucial en este contexto histórico de la Humanidad, cual es la que, perpetrada de manera dolosa o culposa, provocare la interrupción o degradación de un recurso acuífero, lacustre o fluvial, que ocasione la desertificación de determinadas superficies o contribuya a la producción de la misma. 
 En este sentido, cabe recordar que el artículo de referencia describe

22.1.15

LA CUESTIÓN PENAL: MITOS Y VERDADES


Durante el mes de Febrero se llevará a cabo en la Facultad el Curso de Verano La cuestión penal: mitos y verdades, a cargo de los docentes Mg. Alejandro OSIO y Abog. Sebastian PAÍS ROJO.
El objetivo del Curso es abordar una temática ampliamente difundida en la comunidad en la actualidad, e intentar clarificar conceptos de la cuestión penal, comparando la información que emana de las agencias de comunicación con la base teórica, normativa y estadística de cada tema específico, desde un lenguaje llano y comprensible.
El Curso se desarrollará en nueve -9- encuentros, entre el miércoles 4 y el miércoles 25 de febrero, en las siguientes fechas: lunes 9 y 23, miércoles 4, 11, 18 y 25, y viernes 6, 13 y 20, en todos los casos en el horario de 19:00 a 21:00 (salvo los días 4 y 23, en que la actividad se extenderá hasta las 22:00), en espacios de la Facultad a confirmar. 
La propuesta es abierta y gratuita, y está destinada a toda la comunidad, docentes, estudiantes, graduados, público en general. Se expedirá certificado de asistencia a quienes asistan a siete -7- de los nueve -9- encuentros. Los participantes podrán optar por la presentación de un trabajo, en cuyo caso y ante su aprobación (más el requisito de asistencia), se expedirá el certificado de aprobación correspondiente. 
En general se abordarán conceptos del Derecho Penal y Procesal Penal, del sistema penal, de las agencias intervinientes, y del marco Convencional, Constitucional y legal de la cuestión penal, para en particular analizar las siguientes temáticas: la pena de prisión – situación carcelaria – prisión preventiva – reincidencia – minoridad y delito – reforma del Código Penal. No se requieren conocimientos previos de Derecho Penal u otras disciplinas científicas.
Las inscripciones se realizarán a los correos secextension@eco.unlpam.edu.ar o fceyjunlpam2014@gmail.com

LA ENCRUCIJADA ARGENTINA

Es muy probable que haya comenzado a escribir este breve texto urgido, como habitualmente nos ocurre, por la necesidad de reflexionar acerca de aquello que no ha sido escamoteado pensar. Y que ese comienzo esté marcando el límite de la pasividad posible frente a la forma malintencionada, interesada y banal con la que se describe, desde la mayoría absoluta de los medios de comunicación de este país (y de los extranjeros, que reiteran y replican un sentido común que a nuestras anestesiadas clases medias imponen los grupos mediáticos dominantes), la muerte lacerante y dolorosa del fiscal Nisman. Aclaro, entonces, que si bien debo inexorablemente referirme a la banalidad del mal (como señala Hanna Arendt), mi objetivo no es detenerme especialmente en la gigantesca maquinaria de manipulación instalada, sino, más bien, y por el contrario, en las consecuencias posibles de esa concertada operación. Lo que quiero expresar es el resultado de haber pensado sobre lo que no nos permitimos pensar, como sugiere Heidegger.
Lo que nos está vedado pensar, en este caso, es mucho más grande y terrible que lo que se exhibe tediosamente en los medios televisivos y escritos. Tiene que ver con la necesidad de despejar lo conjetural de lo probable, pero en todo caso, no descartar ninguna de ambas escrutaciones posibles.
La muerte de Nisman parece destinada, objetivamente,  a poner de manifiesto -en definitiva- que este "discolo" país no ha querido o no ha podido juzgar el más terrible crimen terrorista de su historia, cuya causa lleva 20 años empantanada. Un hecho que, por supuesto, ha rebasado holgadamente, por su envergadura, los límites políticos y geográficos de nuestro apendicular -aunque estratégico- país, insertado en un continente que tampoco parece fácil de arriar en este tramo de la historia.
La muerte de un fiscal general dedicado específicamente a perseguir y enjuiciar a los responsables de la voladura de la AMIA sugiere muchas cosas, y enmascara otras, que hasta ahora no pronunciamos, quizás por el comprensible temor que la sola mención de esas hipótesis acarrea.
Definir, insisto, que la Argentina no quiere o no puede esclarecer judicialmente ese hecho, más allá de de los intereses que se alinean detrás de cada hipótesis, abre internacionalmente una suerte de caja de Pandora de consecuencias tremendas.
Ese conjunto de prácticas de permanente emergencia denominado " derecho internacional", habilita la justicia universal justamente en estos casos, en base a los principios de subsidiariedad y complementariedad. Dicho en otros términos, y para que se entienda más claramente, la CPI (otro organismo funcional a los designios imperiales, como lo fueron sus antecedentes inmediatos, en especial el TPIY) y cualquier país con un "interés legítimo" en la averiguación de un crimen de masa, estaría habilitado para perseguir extraterritorialmente a los "responsables" de la catástrofe y del "no enjuiciamiento", previa y conveniente demonización de los mismos por los mass media locales y extranjeros, tarea que ya ha comenzado inescrupulosamente (no hace falta que nombre como ejemplos previos elocuentes a Milosevic, Saddam, Khadaffi, Bashar Al Assad, Hugo Chávez, Correa, Evo, Allende, Fidel Castro, etc,etc).
O sea, que se ensaye una variante para nada original de golpe blando.
Analicemos: ¿ tiene la justicia internacional facultades para intervenir en casos en los que, unilateralmente, se entienda que "no existe la voluntad o la posibilidad de perseguir y enjuiciar a responsables de crímenes masivos"? Si (veamos, sino, lo que expresa sobre el particular el profesor Kai Ambos, una de las mayores autoridades mundiales en materia de Derecho Penal Internacional:http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20120808_02.pdf ). ¿ Se encuentra el crimen de terrorismo dentro del catálogo de delitos susceptibles de habilitar esa instancia de "justicia global"? Claro que sí (para constatarlo, sugerimos la lectura de este brevísimo texto: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20120808_02.pdf). ¿Se han hecho eco los poderes de facto transnacionales de esta posibilidad? No caben dudas. Basta con leer las presiones que en ese sentido ejerce explícitamente  el New York Times (http://www.infobae.com/2015/01/21/1622194-el-new-york-times-llama-crear-un-equipo-internacional-investigacion-resolver-el-caso-amia:"la mejor esperanza" de resolver el caso AMIA es a través de un equipo internacional de investigación"). ¿Existen condiciones subjetivas, además de estas claramente ojetivas, que precipiten un conato de quiebre y rendición de la Argentina? Sin duda. La módica capacidad de comprensión y la facilidad para ser presa de manipulaciones de todo tipo de amplios sectores de la sociedad argentina eximen de mayores comentarios. Digámoslo con dolor, pero digámoslo al fin: si bien hay muchos que tienen muy claro el juego que juegan, la mayoría de la sociedad argentina no se representa el verdadero riesgo ni mucho menos se asume como un factor desestabilizador y necesario de la peor pesadilla. Urge, entonces, que la justicia proporcione rápidas respuestas sobre la muerte de Nisman y el crimen de la AMIA. y que sus fuentes de inspiración dejen de ser los oscuros y macabros servicios de inteligencia.

12.1.15

TERRORISMO BRUTAL Y JUSTICIA INTERNACIONAL


Como es mucho, muchísimo, lo que se ha escrito y se escribe, sobre los horrendos ataques terroristas que sacuden a Francia en clave aporética  de "choque de civilizaciones", vamos intentar la búsqueda de motivaciones objetivas de esas masacres, alternativas a la intencionada explicación religiosa. 

Algo más profundo subyace a la barbarie. Muchas de las razones que la explican, han sido reseñadas en diversos medios y a través de análisis más o menos originales. Reservamos a nuestros lectores el hallazgo y la valoración de esos aportes, que saturan por estos días las redes sociales.
Propongo, en este caso, reparar en una mirada intersticial, por ende subestimada, de la catástrofe. Francia, después del dolor inmenso, debería replantearse su rol colonial, pasado, presente y futuro. Sin un mea culpa en serio, será difícil prevenir nuevas locuras asesinas.
Tenemos en claro su responsabilidad en Argelia y sus actuales intervenciones en diversos países, llevando a los mismos la destrucción y el terror, y enmascarando sus crímenes tras la remanida fachada humanitaria.

Una coartada que le es perfectamente funcional, en cuanto integra una alianza estratégica que monopoliza la fuerza y el derecho internacional, ambas implicadas en un contexto de permanente emergencia. La historia del país republicano, democrático, "civilizado", tributario del siglo de las luces, está signada, en realidad,  por la barbarie. Basta con recordar que el mismo día (exactamente el mismo)  que París festejaba su liberación, festejando el desfile de las tropas aliadas, su ejército de ocupación perpetraba una represión desenfrenada contra manifestantes independentistas en Argel. 
Por lo demás, la saga de atentados criminales franceses no se agota en los que habitualmente se menciona, ni tampoco se limita a enclaves geopolíticos "periféricos". 
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Poco o nada han dicho los medios de comunicación sobre el decisivo rol del gobierno francés, tendiente a violar el embargo decretado por el Consejo de Seguridad de la ONU  en los Balcanes, que permitió derivar una impresionante cantidad de armamentos a Croacia (para eso, no fue tan torpe como el gobierno menemista argentino, sino que habría utilizado los servicios de un traficante de armas belga), que no le deparara, como era de esperar, ningún tipo de sanción a nivel internacional (ver sobre el particular "Tráfico de armas: el caso Croacia", disponible en  https://www.youtube.com/watch?v=43aFAtrAZmI), aunque impactara directamente en el resultado del conflicto y contribuyera a multiplicar las víctimas en el país de los eslavos del sur. 
Mientras el derecho y la fuerza sean la misma cosa, mientras no haya derecho para "los condenados de la tierra", al inolvidable decir de Franz Fanon, campeará la idea de una justicia universal virtualmente inexistente que, seguramente, habrá de exacerbar las frustraciones. Los líderes de los países que han perpetrado en las últimas décadas las más brutales matanzas no han sido nunca perseguidos penalmente. Por el contrario, su condición de verdaderos sponsors de muchos tribunales internacionales les conceden una verdadera patente de corso que no hace más que diluir la idea de una justicia global legítima y democrática. Francia no ha sido la excepción a este conjunto de prácticas reproductoras de la relación de fuerzas mundiales imperante. Por el contrario, ha contribuido a fortalecer estas lógicas jurídicas profundamente selectivas y asimétricas. Si vamos a seguir poniendo la lupa en la problemática balcánica, además de la intervención criminal que de por sí supone la violación de un bloqueo, debemos incorporar al análisis la gravitación de un tribunal ad hoc destinado a juzgar los grandes crímenes cometidos en las guerras de desmembración de la ex- Yugoslavia, también patrocinado y subvencionado por el gobierno francés. Los resultados no pueden ser más preocupantes, y han puesto de manifiesto la burda criminalización de uno sólo de los bandos en pugna. En efecto, si analizamos las penas impuestas por el TPIY, veremos que a los serbios se les impusieron 1099 años y seis meses de prisión, y tres cadenas perpetuas. Al resto de los llevados a juicio, nacionales de los demás países intervinientes en el conflicto, solamente 258 años (en rigor, 257 años y diez meses, según nuestras cuentas). El mismo tribunal dictó 18 condenas absolutorias. Solamente 3, favorecieron a acusados serbios. Si la "comunidad internacional", que es como decir las grandes potencias, siguen dando este espectáculo en materia de derecho y justicia, tal vez allí deban buscarse también explicaciones sobre los rebrotes terroristas que hoy nos conmueven.