17.9.14

DÍA DEL PROFESOR

 Llegando a mis 25 años como docente de la UNLPam, advierto, no sin agobio, que algunas de las cosas que -inspirado en maestros como Paulo Freire- pensaba en épocas de mi bautismo académico, las he convertido, por imperio de mis propios límites, en una saga de reiteraciones infinitas. Algunos podrían confundir esta opacidad con coherencia. No es lo mismo, al menos para mí. Sigo pensando, como el filósofo de Recife, no obstante, que enseñar es un acto de amor. Ese amor, uno de los más insondables sentimientos que puede llegar construir arduamente el ser humano, impone una pedagogía ejercida como un medio para llegar a la emancipación. Para eso, debe la enseñanza convertirse en una dinámica deconstructiva de los ejercicios cotidianos de poder. La deconstrucción de las relaciones de poder, por lo tanto, no solamente iguala a los sujetos implicados en este proceso dialéctico, sino que también ajusta cuentas con los fetiches sobre los que se sostienen las brutales escenas verticales de un docente que "enseña" a través de respuestas eruditas y un estudiante que, se supone, "aprehende" de esa manera. Este ejercicio clásico y recurrente de sometimiento es groseramente incompatible con la horizontalidad de una pedagogía liberadora. Que no otro debe ser el objetivo del docente. Plantear preguntas, ayudar a pensar sobre lo gravísimo, como enseñaba Heidegger, sobre aquello que nos está escamoteado pensar. Para mí, modestamente, eso es el pensamiento crítico. Y no hay otra forma de transmitirlo que no sea la generación de las condiciones más democráticas posibles y los espacios dialógicos más abiertos, para poder cuestionar los dogmas totalizantes que provienen de discursos que se erigen como absolutos (Foucault, 1970: 51). Esto es fundamental en una escuela de derecho, donde el dogmatismo y el binarismo constituyen los pilares más resistentes del pensamiento jurídico dominante. Una forma contrahegemónica de pedagogía, en estos ámbitos, es particularmente dificultosa. No es fácil problematizar sobre la condición humana, el poder, la dominación, la violencia, la desigualdad y los derechos fundamentales en contextos culturales plagados de dogmatismo formalista. No siempre lo logramos, y por ende es posible que sigamos generando mayorías de "profesionales liberales". Pero si lo conseguimos, en cambio, habremos de lograr militantes. Y esa sola posibilidad redime de las reiteraciones seriales.

13.9.14

DIEZ RAZONES PARA NO CONSTRUIR MÁS CÁRCELES


Por Thomas Mathiesen (*)
Para comenzar, quiero llamar la atención acerca de dos formas de contextualizar el tema de la cárcel.
EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
En primer lugar es importante destacar que en términos del contexto de la organización, las cárceles en el mundo occidental –que es de lo que yo me ocupo– han cambiado de manera considerable en los últimos 30 o 40 años. Mucho más que antes, el sistema carcelario se integra en un contexto más amplio de medidas de control. Con anterioridad cada una de las diversas agencias del sistema penal gozaba de un estatus más o menos separado. Actualmente los límites entre las diversas agencias se han vuelto mucho más difusos. Por ejemplo, en las cárceles noruegas, las instituciones de probation, parole y diversas formas de “castigo en la comunidad” (la última es un invento reciente en Noruega), han desembocado en menor o mayor medida en un único “servicio” o sistema. Ya no existe una Ley de Prisiones específica, sino una Ley de Castigos general, que cubre a todos los infractores en los diferentes estadios del castigo penal, desde la condena a cárceles de máxima o media seguridad o a regímenes carcelarios más o menos abiertos, hasta las diferentes formas de castigo en la comunidad. En consecuencia, el personal de las instituciones y agencias que antes era responsable (al menos formalmente) del cuidado y bienestar de los infractores, y no de su castigo, ahora se ha convertido en ejecutor del castigo al pasar a formar parte de una cadena punitiva que cubre a todas las diversas agencias. Las protestas de los trabajadores sociales y otros profesionales no han logrado detener este cambio. Tendencias similares son también evidentes en otros países occidentales.
Sin embargo, éste no es el final de la integración en el campo del control. La actividad policial también ha cambiado, y ha alcanzado una mayor integración con la cadena punitiva. La información se desplaza entre la cadena punitiva y la policía. En mayor medida que antes, la actividad policial en la actualidad está orientada hacia el “futuro”, en vez de hacia el pasado (¿quienes son los futuros delincuentes?), orientada hacia el “riesgo” (¿cuáles son las posibilidades de que la gente cometa delitos en el futuro?) y orientada en “categorías” (¿qué categorías –por ejemplo, qué nacionalidades– manifiestan el mayor riesgo?). Naturalmente, las viejas prácticas policiales todavía existen, pero éstas son las nuevas tendencias. La información procedente de las agencias que conforman la cadena punitiva, incluyendo las cárceles, es por tanto de gran interés para la policía. Tal tendencia empezó antes de “la guerra contra el terrorismo”, pero aumentó tras el 11 de septiembre de 2001. La amenaza a las libertades civiles y a los derechos humanos es obvia.
A su vez, este tipo de actividad policial se apoya en las modernas tecnologías de la información, que ponen en contacto a la policía a través de los nuevos sistemas de vigilancia y control nacionales, internacionales e incluso globales. Estoy pensando en el Sistema de Información Schengen, SIS (que en marzo de 2003 tenía cerca de 878.000 personas registradas y casi 390.000 alias, sumado a más de 15 millones de objetos en la base de datos central de Estrasburgo; con quince bases de datos, una en cada país miembro, idénticas y vinculadas a la base de datos central; y con una cifra estimada de 125.000 terminales de acceso esparcidas a lo largo de Europa[1]). Estoy pensando en el intercambio de información Sirene (cada uno de los países participantes en el Sistema de Información Schengen tiene una oficina Sirene responsable de la Administración nacional que pueden intercambiar casi cualquier tipo de información auxiliar acerca de individuos en cualquiera de los quince países). Estoy pensando en Europol, con sus tres sistemas de información (un sistema de información general donde se introduce información sobre individuos; un sistema de archivos donde se puede almacenar más de cincuenta tipos de información personal más o menos sensible, incluyendo bajo determinadas circunstancias información sobre orientación sexual y sobre opinión política y religiosa; y un sistema de índices). Estoy pensando en el sistema de huellas digitales Eurodac, donde se introducen y permanecen durante años las huellas digitales y otras informaciones sobre la mayoría de los solicitantes de asilo. Estoy pensando en la amplia serie de planes europeos y globales para reunir datos sobre llamadas telefónicas, uso de móviles, e-mail, fax e internet. Y la enumeración podría continuar. Se puede obtener mayor información acerca de estos sistemas en varias páginas web a las que me remito.[2]
El hecho que quiero destacar es que la policía nacional de un país, como es el caso de Noruega, se convierte por una parte en el vínculo con estos sistemas y, por otra, en el vínculo con la más amplia e incluyente cadena punitiva, dónde se encuentra la cárcel, que es lo que aquí me interesa. La “guerra contra el terrorismo” tras el 11 de septiembre de 2001, que ha llevado a un concepto de terrorismo[3] mucho más amplio y difuso, que incluye con facilidad a refugiados políticos, solicitantes de asilo, manifestantes en los eventos políticos importantes, entre otros, ha consolidado esta función policial de vínculo. Podemos entrever, en el futuro, un vasto e integrado sistema de control con peligrosas funciones para las libertades civiles y el Estado de derecho. Un desarrollo de este tipo naturalmente está respaldado por poderosas fuerzas políticas y por los mass media (en especial la televisión) como agenda marco de la institución.

11.9.14

¿Democratizar la democracia?. Boaventura de Sousa Santos.

EL "PROBLEMA" DEL ALOJAMIENTO DE LOS DETENIDOS EN LA PAMPA


La situación de las personas privadas de libertad en La Pampa es, desde hace algunos años (y no desde hace algunos meses, como podría pensar algún iniciado) un problema que responde a situaciones y circunstancias que parecen ser un misterio cerrado con siete llaves para quienes tienen a su cargo la administración de la conflictividad. Prueba de ello, son las insólitas y tardías reacciones que se han precipitado luego de constataciones objetivas sobre la materia.

Aquella Provincia que durante el año 2000 exhibía tasas de prisionización cercanas a las de los países más avanzados del mundo (59 reclusos cada 100.000 habitantes), llegó a tener alrededor de 140 presos cada 100.000 durante la Argentina post crisis de 2001 (no tengo a la mano la cifra exacta que consigné en mi primer tesis doctoral).
En los últimos años, si bien las cifras de prisioneros ha disminuido sustancialmente (la última medición de diciembre de 2013 daba cuenta de 100 presos y fracción cada 100.000), nunca disminuyó hasta alcanzar a aquel guarismo señalado inicialmente.
Pero lo peor es, sugestivamente, que la capacidad de alojamiento de estas personas se habría visto limitada severamente en los últimos tiempos, y aquí empiezan las confusiones y aporías conceptuales. Más allá de la intención insólita de sugerir nuevos gulags de distinto cuño y ubicación, nadie se ha preguntado por qué "faltan" esas plazas.
Las razones son varias, pero, en cualquier caso, nos gustaría concurrir con algunos datos oficiales para ayudar a comprender estas situaciones de una manera más o menos fiable.
La tesis del hoy Magister Martín García Ongaro, proporciona algunas pistas de suma utilidad. Este Defensor Oficial ha obtenido algunos datos evolutivos que parecen no ser tenidos en cuenta por las agencias competentes de un Estado provincial que cree que es posible seguir prescindiendo de una estrategia holística y unitaria en materia político criminal.

8.9.14

EL ACUERDO DE PULMARÍ, EL RESPETO A LA IDENTIDAD CULTURAL Y AL DERECHO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS


El Ministerio Público Fiscal de Neuquén se ha obligado a reconocer las formas de resolución de conflictos de los pueblos originarios, como consecuencia del denominado "Acuerdo de Pulmarí".

El reconocimiento de la justicia penal ancestral abarcará los territorios que habitan las comunidades Currumil, Catalán, Aigo, Puel, Ñorquinco y Hienguihual ubicadas en la zona de Aluminé y Villa Pehuenia.
El acuerdo implica un avance sustancial sin precedentes en materia de respeto a la diversidad cultural, en un todo de conformidad con las normas convencionales y constitucionales que determinan el resguardo de las costumbres y prácticas de resolución de conflictos ancestrales.
El acuerdo permite “reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los Derechos Humanos y del ordenamiento jurídico vigente; fomentar, a través de actividades conjuntas, el intercambio cultural; rescatar y poner en valor las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas; promover los métodos de resolución de conflictos basados en el diálogo y en el respeto mutuo; coordinar acciones en conjunto para articular el abordaje de los conflictos”.
El documento incluye pautas como que el conflicto involucre únicamente a miembros de comunidades indígenas reconocidas como tales por el Estado; que el conflicto haya ocurrido únicamente en territorio reconocido de las Comunidades; que el caso no afecte gravemente el interés público (un homicidio o delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, quedarán excluidos); que la sanción respete los derechos humanos; y que el conflicto sea resuelto por una autoridad legitimada por las comunidades.
El fiscal general firmará en los próximos días una Instrucción a través de la cual fijará en forma oficial las pautas para aplicar los principios de la “Declaración de Pulmarí” y reconocer la Justicia indígena en la provincia.
No obstante estas limitaciones, lo cierto es que este hecho histórico es un primer paso en materia de ampliación de derechos, pero también en términos de reivindicación de formas no punitivas de solución.

7.9.14

URUGUAY PODRÍA SER DENUNCIADO ANTE LA CIDH POR INTENTAR DISMINUIR LA EDAD DE PUNIBILIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS

En un primer momento, como se recordará, fue un "movimiento ciudadano", denominado Comisión por la Seguridad Nacional, liderado por el ex presidente, Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional y el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado y otros grupos sociales, el que promovió el “Día del Firmazo por la Paz y la Justicia”. En ese marco, paradójicamente, solicitaron  a los ciudadanos uruguayos, su firma para conseguir que junto a las elecciones de 2014, se votara un plebiscito para rebajar de 18 a 16 años, la edad de imputabilidad para que los menores puedan ser juzgados y encarcelados. Todo ello, por supuesto, ante el pretendido aumento de la "criminalidad juvenil". El ex presidente Lacalle expresó por entonces que la iniciativa regresiva implicó, por el contrario, una jornada de “protesta ante la inacción del gobierno frente al aumento de los delitos y de propuesta para cambiar la Constitución y adecuarla a la realidad”. Pedro Bordaberry también alabó el trabajo de los recolectores de firmas y confió en poder contar con “un empujoncito para conseguir las firmas que falten para llegar a 250 mil”. Este embate criminalizador de la derecha podría perjudicar seriamente a Uruguay..
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de pronunciarse en contra del plebiscito porque lo considera un "contrasentido" y un "retroceso" de los derechos de los adolescentes,  según denunció hoy la relatora de Derechos de la Niñez de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rosa María Ortiz, durante la presentación de un informe sobre los derechos del niño en Uruguay.
La responsable advirtió que Uruguay podría ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), como ocurrió en el caso Gelman.
Como es sabido, en ese caso, la Corte obligó a Uruguay a adaptar su legislación para poder juzgar el caso de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman y uno de los casos más emblemáticos de los desaparecidos durante la dictadura.



La relatora de la OEA reiteró que "se es niño hasta los 18 años" y abogó por medidas de prevención y rehabilitación, en lugar de políticas de mano dura, que, a su juicio,"solamente han servido para profundizar la violencia".

29.8.14

GOLPES BLANDOS, PRIMAVERAS Y LAS INCREÍBLES (PROBABLES) CONEXIONES QUE CONSPIRAN CONTRA LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS

De manera recurrente, nuestro espacio ha sido particularmente crítico con la arquitectura, las prácticas y las relaciones de dominación que reproduce la denominada “comunidad internacional” y, muy especialmente, sus organismos y tribunales dedicados, supuestamente, a consagrar la armonía, la legalidad y la vigencia del derecho entre las naciones. El rol de estos tribunales ha sido puesto en crisis en muchísimas oportunidades, sobre todo en lo que hace a la selectividad de sus persecuciones y las defensas que ha asumido y asume, reproduciendo las relaciones de fuerzas especialmente asimétricas que caracterizan al mundo durante la modernidad tardía. En este caso en particular, habremos de marcar su reticencia a ocuparse de una problemática particularmente sensible: el avance sostenido y sistemático de los "golpes suaves" en el mundo, y particularmente en América Latina, cuestión ésta sobre la que hemos escrito mucho, y en la cual se advierte la ausencia de total protagonismo de estos organismos globales. Uno de esos casos llama la atención de esta hoja, y no es fácil resumir en trazos breves la complejidad de la trama implicada y promediarla con el tiempo potencial a la que toda investigación inconclusa obliga. No obstante, vamos a tratar de dotar de cierta coherencia interna nuestro relato, para que se entienda la problemática que subyace tras el mismo y el increíble silencio que este tipo de episodios ha deparado a nivel internacional. 

27.8.14

POSICIONAMIENTO DE AMMAR FRENTE AL PROYECTO DE LEY QUE PROPONE PROHIBIR TODA FORMA DE OFERTA SEXUAL EN VOLANTES, REDES SOCIALES Y PAGINAS DE INTERNET

Proyecto de Ley Eliminación de todo mensaje que fomente la explotación sexual y la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación por Andrés Larroque.

TENSIONES DEL PROYECTO DE LEY EN RELACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN ARGENTINA:
La excesiva laxitud en la definición y determinación de la conducta que se pretende prohibir y sancionar, -siendo tan amplia-, resulta peligrosa y genera una situación de inseguridad jurídica, siendo contraria al Principio de Legalidad establecido en el art. 18 de la CN. El Estado al legislar en forma amplia e indefinida una conducta que pretende prohibir propiciará a generar un escenario de imprecisión y persecución impropio de un Estado de derecho, perdiendo de vista el requisito de certidumbre que se exige a toda norma de carácter prohibitivo. En este sentido, el artículo 2º al referirse a “los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, a través de cualquier medio de comunicación conforme surge de la enumeración establecida en el artículo 3º de la Ley Nº 25.750 y cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen. Quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos que haciendo referencia a otras actividades lícitas, tengan como finalidad la realización de alguna de las actividades indicadas en el párrafo precedente” deja abierto un abanico de situaciones que podrían ser pasibles de sanción estatal generando un marco de inseguridad jurídica y de falta de limitación al ejercicio del poder de policía del Estado.
A su vez el artículo 2º establece que se refiere a “cualquier medio de comunicación conforme surge de la enumeración establecida en el art. 3º de la ley 25.750 cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen” (es decir, “ARTICULO 3º— A los efectos de la presente ley, son considerados medios de comunicación los siguientes: a) Diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general; b) Servicios de radiodifusión y servicios complementarios de radiodifusión comprendidos en la Ley Nº 22.285; c) Productoras de contenidos audiovisuales y digitales; d) Proveedoras de acceso a Internet; e) Empresas de difusión en vía pública”), pero por otra parte, el artículo 6º del presente proyecto refiere que “La autoridad de aplicación podrá requerir a quien corresponda la eliminación y/o interrupción de acceso a los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes y/o contenidos enunciados en el artículo 2° de la presente ley que se difundan a través de cualquier medio de comunicación o tecnología de la información y comunicación, de conformidad con el procedimiento que dicte el Poder Ejecutivo Nacional”. No quedando claro si en estos supuestos sólo procederá la eliminación y/o interrupción de acceso a los avisos, o también corresponderá la aplicación de las sanciones que se enumeran con anterioridad en el mismo artículo.

24.8.14

EL TRABAJO DE LOS DEFENSORES: "UNA REVOLUCIÓN SILENCIOSA"

En el cierre del Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, la Defensora General Stella Maris Martínez destacó “nuestro trabajo es una construcción colectiva y para que sea más grande, fuerte y autónomo debemos mirar a las personas que queremos proteger”.

Por Hernando Flórez

El viernes se clausuró el Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, en un acto presidido por la Defensora General, Stella Maris Martínez, y del que participaron integrantes del bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur. Eran más de 150 personas -entre juristas, defensores, curadores y académicos- en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
“La idea del bloque surgió en la época en que éramos avasallados por el poder judicial, fiscal y policial”, dijo el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio de la República Oriental del Uruguay, Luis Ferrari, refiriéndose a la fundación del grupo, hace diez años en Asunción (Paraguay). “Pensamos en la dificultad de los sectores vulnerables por acceder a la justicia y decidimos agruparnos, porque la unión hace la fuerza y porque el acceso fortalece la democracia”.
Entre los aspectos favorable de esta primera década, destacó las pasantías entre defensorías porque “renuevan las vocaciones y contagian el entusiasmo y convierten a la Defensoría Pública en un oficio vivo”. Por otra parte, lamentó que la Suprema Corte de su país se alejara del Bloque sin justificar la decisión. “Elaboramos una nota pidiéndole una relectura de su disposición porque el grupo es una herramienta útil para países chicos como Uruguay”.
El vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Públicos de la Justicia Nacional, Gustavo Kollmann, estuvo de acuerdo con la vitalidad que transmiten las pasantías y advirtió: “La autonomía se hace valer todos los días, más allá del papel escrito”. Además, agregó que “el Bloque del Mercosur es un modelo de asociacionismo, es la prueba de que la unión de voluntades permite cumplir objetivos como el de la independencia de la Defensoría en Paraguay”.
“Logramos independizarnos de la Corte Suprema de Justicia con autonomía funcional y autarquía financiera gracias a las experiencias de Argentina y Brasil”, confirmó el jurista paraguayo Carlos Flórez, quien habló en representación de la Defensora General de Paraguay, Noyme Yore Ismael.
“No todos los seres humanos son tratados como personas”
Las intervenciones confirmaron la idea de que el trabajo de los defensores es una “revolución silenciosa”, como la denominó Haman Tabosa de Moraes, Defensor Público General Federativa de la República Federativa del Brasil. “Tenemos el desafío de bajar la invisibilidad social porque no todos los seres humanos son tratados como personas. Es necesario contar con funcionarios profesionales y tener los instrumentos para llenar de defensores públicos a toda América Latina, América del Norte y porqué no, todo el mundo”.
Como una comprobación de las palabras de Tabosa de Moraes, el presidente de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa Argentina, Fernando Lodeiro consideró que “la institución que más crece en Latinoamérica, por encima de jueces y fiscales, es la Defensoría Pública”.
La Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez cerró el Congreso, desde el centro de la mesa. “Festejo esta reunión en la que juntos conformamos un marco colorido de gente diferente con cosas en común, que trabaja por defender los derechos”. Y enfatizó en las palabras que pronunció durante la inauguración: “Nuestro trabajo es una construcción colectiva y para que sea más grande, fuerte y autónomo debemos mirar a las personas que queremos proteger. Sigamos adelante”.
Al final, ella misma entregó una medalla a cada uno de los 165 defensores públicos de la Nación y una placa condecorativa al Defensor Público General de la República Bolivariana de Venezuela, Ciro Araujo; al representante de la Defensora General de Paraguay, Noyme Yore Ismael y a Georgy Schubert, Defensor Nacional de Chile.
Textual de Infojus Noticias

CONGRESO INTERNACIONAL "20 AÑOS DE LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN"


Con las palabras inaugurales de la Defensora General de la Nación y de la Procuradora General de la Nación, dió comienzo el Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, en la Facultad de Derecho de la UBA La actividad -organizada en conjunto por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal- celebra la reforma constitucional de 1994 que dotó de autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público y acogió, en ese marco, la figura del Defensor General. Ante un auditorio repleto, con la presencia de defensores, fiscales, jueces y otros especialistas y funcionarios de Argentina e Hispanoamérica, la Defensora General comenzó su exposición destacando que “somos los Defensores quienes más tenemos que agradecer la reforma del 94, que nos ha dado autonomía. Hasta ese momento éramos la Cenicienta del sistema de administración de justicia y todavía lo seguimos siendo en muchas provincias”. Luego de destacar las luchas históricas en pos de una Defensa autónoma, Stella Maris Martínez hizo hincapié en la separación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y, luego, entre los defensores y los fiscales. “La incorporación de los tratados internacionales de DDHH a la Constitución también fue muy importante porque a partir de ahí se vio que el derecho de defensa es un derecho humano fundamental y que las garantías no podían ser dejadas al gusto del juez”. La Defensora General destacó a su vez que “ha sido muy positivo el trabajo a nivel interamericano. Hemos logrado el reconocimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de DDHH con los que se han firmado convenios para que se pueda litigar a nivel regional. Además, la Defensa Pública ha sido considerada por la OEA un modelo a seguir. Hemos logrado que nos reconozcan como garantes de acceso a la justicia. Hace 10 años no existíamos a nivel interamericano”. “Felicito a los colegas de Brasil, continuó la Defensora, “donde se ha creado una ley que ordena que en cada lugar donde haya un juez tiene que haber un defensor: eso es precisamente un ejemplo de autonomía, independencia, y el Ministerio que buscamos. En nuestro país no es así, nadie piensa que la Defensa sea imprescindible. En muchas provincias el modelo es el anterior, es un trabajo a concluir”. La Dra. Martínez finalizó animando a sus colegas a “seguir luchando, de manera colectiva, para hacer una defensa pública cada día más grande, más orgullosa del rol que ocupa en el sistema de administración de justicia”.



A su turno, la titular del Ministerio Público Fiscal hizo un detallado recorrido por la historia del ministerio que encabeza y de las etapas que se superaron en ese largo camino en busca de la independencia y autonomía del organismo.
Si bien la Dra. Gils Carbó destacó la reforma constitucional del 94 como un hito en el avance de la justicia, señaló el actual Código Procesal Penal como un obstáculo para  el trabajo de los fiscales  ya que mantiene “un modelo semi inquisitivo que le otorga al juez poder de decisión sobre cuál va a ser el organismo que va a investigar. Esto afecta la imparcialidad y la garantìa del debido proceso, y mantiene un déficit estructural, porque resta eficiencia a las investigaciones”.
A pesar de estas dificultades, la Procuradora General subrayó que no puede ni quiere limitarse a “protestar por las limitaciones normativas. Decidimos aprovechar el Código Procesal vigente al máximo para defender los derechos porque el acceso a la justicia sigue siendo una asignatura pendiente”. En ese marco destacó la creación de distintas procuradurías especializadas y ATAJO, agencias territoriales que tienen el propósito de “acortar el camino que separa a los ciudadanos de la justicia”.
Por último, Gils Carbó destacó que la institución que encabeza promueve una nueva dinámica en busca de una idea de la justicia “nueva, más inclusiva, más democrática, donde el pueblo sea la fuente inspiradora de una visión de equidad, que surja de los gritos de las personas de carne y hueso, del mundo real”.
El congreso continuó con una mesa donde expusieron los constituyentes de 1994: Marcelo Guinle, Antonio María Hernández, Aníbal Ibarra y Hugo Rodríguez Sañudo.
El cierre de la jornada se llevó a cabo con las conferencias de Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de DESC de Naciones Unidas, quien expondrá sobre el rol del Ministerio Público en la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien disertará sobre el rol del Ministerio Público en casos penales.

17.8.14

DERECHO INTERNACIONAL, FONDOS BUITRES Y CONTROL GLOBAL


La decisión argentina de recurrir inicialmente a la Corte Internacional de Justicia en busca de una instancia revisora de las decisiones sucesivas adoptadas por tribunales estadounidenses en orden al agobio de los fondos buitres, ha sido objeto de una multiplicidad de lecturas. La mayoría de ellas, claro está, han sido fuertemente críticas con la estrategia elegida por el gobierno nacional. Otras, han explicado laudatoriamente y por diversas vías, incluyendo reportajes a expertos en derecho internacional, las lógicas que precedieron a la mencionada resolución.

En este contexto de profundas discrepancias, es necesario destacar una circunstancia que parece haber sido ignorada en cuanto análisis se realizara sobre el tema en cuestión.
La decisión argentina de acudir a los foros jurídicos de la denominada “comunidad internacional”, tendiente a resolver los conflictos de la que resulta parte apelando a lógicas y prácticas no punitivas, y poniendo a prueba los límites del derecho internacional, parecen ser una constante de nuestra Cancillería.


16.8.14

SEMINARIO “NUEVA GEOPOLÍTICA DE LA LIBERACIÓN, INTEGRACIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA EN AMÉRICA LATINA”

Los docentes que tendrán a su cargo el dictado del curso son Modesto Emilio Guerrero y Eduardo Luis Aguirre.
El seminario se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.
Duración prevista: 16 horas presenciales distribuidas en cuatro (4) encuentros, a realizarse los días viernes  19 y 26 de septiembre y 3 y 10 de octubre de 2014, de 17 a 21 horas.

Temas del Seminario:
Primer Encuentro: Relaciones internacionales y relaciones de fuerzas. América Latina en el nuevo contexto internacional.
Segundo Encuentro: Integración Regional, Imperio e Imperialismo. Seguridad y Defensa. Nuevos paradigmas regionales autonómicos.
Tercer Encuentro: Liberación y Dependencia en el marco de las nuevas coordenadas geoestratégicas. Nuevos sujetos políticos destituyentes.
Cuarto Encuentro: Mayor Democracia es mayor Seguridad. Lo que se ha hecho y lo que todavía falta hacer.
DESTINATARIOS: estudiantes, profesionales y docentes de Carreras de Ciencias Sociales y público en general.
Se entregarán certificados de asistencia únicamente a quienes cumplan con el 75% de la carga horaria establecida.

Curso arancelado, gratuito para estudiantes y docentes de la UNLPam.

CONGRESO INTERNACIONAL POR LOS VEINTE AÑOS DE AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Con motivo de la conmemoración de los 20 años de autonomía del Ministerio Público, la semana próxima se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Figueroa Alcorta 2263) el Congreso Internacional que celebrará la reforma constitucional de 1994. Esta reforma dotó de autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público y acogió, en ese marco, la figura del defensor general.
El miércoles 20 a las 16:30 abrirán las deliberaciones la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
En la misma jornada expondrán los constituyentes de 1994 Marcelo Guinle, Antonio María Hernández, Aníbal Ibarra y Hugo Rodríguez Sañudo; Rodrigo Uprimny (ONU) y finalmente Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Congreso continuará el jueves 21 en el Salón de Actos, con un programa que se extenderá de 9.30 a 18, y el viernes 22 en el Aula Magna, la jornada de cierre, de 9.30 a 16.45, incluirá una celebración por los 10 años del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur.

6.8.14

EL ENCUENTRO

Fatigosa la espera
que no espanta la esperanza
la búsqueda sin pausa,
arropada y solitaria.
La vida, tras la muerte
conmoviendo finalmente
la gravedad crucial de la
condición humana.
La vida y el amor
construcciones cotidianas
Y Guido que irrumpe
pasado, presente
y futuro luminoso
de paz, y sin revancha.
(A Estela y Guido)

4.8.14

RITOS SACRIFICIALES EN LA SOCIEDAD SALVAJE (¿Y SI PROBAMOS CON UN PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL?)

La prisión preventiva es la institución maldita del derecho procesal. Lo es en varios sentidos. En primer lugar porque todavía muchas de las construcciones teóricas y normativas que diseñan un proceso penal moderno, garantista y democrático se estrellan ante la realidad masiva del encarcelamiento antes del juicio, que es precisamente la negación más cabal de sus principios básicos. En segundo lugar porque no hemos hallado aún una política constante de reducción y racionalización del uso de esta institución y, por el contrario, no sabemos nunca cuando estamos a la puerta de un nuevo período expansivo. En tercer lugar porque tampoco hemos hallado aún una 
adecuada conceptualización teórica de una medida, una práctica y un sistema que se resiste a ser explicado con los conceptos tradicionales. En cuarto lugar porque el encarcelamiento preventivo es la gran herramienta de la selectividad hiriente que empuja a los sectores más vulnerables de la sociedad a un encierro cada día más cercano  a las penas crueles e infamantes que prometimos abolir. Frente a este panorama quien  diga que se trata de un mero instrumento de cautela, cierra los ojos frente a las más clara de las realidades (Alberto Binder: "La intolerabilidad de la prisión preventiva")..

Ciertas prédicas de máxima absurdidad y mínima consistencia epistemológica, proferidas casi a diario con el objetivo de reorganizar la sociedad pampeana en base a un piso de inscripción ideológica basado esencialmente en  un retroceso sistemático de derechos y garantías y la maximización de las instancias de control, en especial la cárcel, convoca a algunas discusiones útiles que, por supuesto, en ningún momento se cruzan con los anatemas plenos de amateurismo conceptual a los que me refiero.
Creo, sinceramente, que la problemática de la sesgada noción de "inseguridad" en La Pampa, adolece de un pecado original. Se parece demasiado, en sus reacciones sociales, corporativas y sus respuestas institucionales, al descalabro que en materia político criminal exhibe, en general, el mundo entero (salvo contadas excepciones que confirman la regla), por supuesto que también la región latinoamericana, y por ende, nuestro país.
La Provincia de La Pampa carece de estrategias unitarias en materia político criminal. De esta manera es muy difícil, por no decir imposible, gestionar la conflictividad.
El riesgo de estas retóricas y clamores, es que incidan efectivamente en los gestores habilitados constitucional y legalmente para articular nuestra política criminal y los determine en la asunción de conductas y prácticas que pueden conducir a consecuencias penosas.

3.8.14

UNA REVUELTA DE RICOS


Desde febrero de este 2014 Venezuela ingresó en una fase decisiva de su historia reciente.  Las fuerzas enemigas del gobierno chavista, del movimiento bolivariano y los cambios que ambos representan, han puesto en marcha un proceso de guerra civil para derrotarlos… La suma de los acontecimientos fue suficiente para definir su carácter y su final en la coyuntura  y, sobre todo, sirve para avizorar la tendencia general del enfrentamiento entre proyectos incompatibles: el del Estado-nación respecto al imperialismo, y el de sus clases sociales, entre la burguesía parasitaria y los que viven de su trabajo. En ese escenario complejo, las fuerzas más conscientes del poder popular aprenden por primera vez a buscar una salida revolucionaria que evite el desastre que se anuncia…(De la introducción del autor)


Modesto Emilio Guerrero presentó su libro "Una revuelta de Ricos. Crisis y destino del chavismo" el viernes pasado, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza La Pampa. El intelectual y periodista venezolano recorrió los tramos más importantes de su trabajo, señalando las peculiares connotaciones de los acontecimientos que durante los últimos meses han intentado socavar las bases de la democracia venezolana. Guerrero analizó el rol de las distintas clases y sectores de ese país en un fenómeno que algunos catalogan como una verdadera guerra civil. Sabemos, por la experiencia reciente, que la derecha ha vuelto a fracasar, también, en Venezuela, en el plano electoral. Esa frustración ha crispado a sectores profundamente antidemocráticos, a los que Modesto no duda en tildar de fascistas, que han decidido recurrir al terror urbano como método destinado a minar las reglas básicas de la convivencia armónica, amparados generalmente por la prédica sesgada de los grandes medios de comunicación, que mistifican sistemáticamente sobre la realidad política. "No hubo una guerra civil, es cierto, pero sobre el escenario social fueron arrojados suficientes elementos de ella para saber que esa es la puerta de "salida" que busca la derecha contra el chavismo", expresa el autor. Y advierte a continuación: "Las derrotas, como las victorias, son construcciones sociales. Pero cuando una crisis asume la escala y el nivel crítico entre revolución y contrarrevolución, las decisiones políticas y sus responsables en la dirección del acontecimiento se vuelven decisivas, concluyentes, categóricas. La "revolución bolivariana" se encuentra en ese umbral". Por eso, la calificación de "golpe de estado" en grado de tentativa permanente, es, según Guerrero, manifiestamente errónea. Porque ni el sujeto social implicado en las guarimbas y las barricadas, ni los instrumentos, ni la respuesta del gobierno han sido compatibles con un golpe de estado. Por ende, lo que que ha acontecido en Venezuela fue algo mucho peor que eso. "Un sector desprendido de la posición, actuando en nombre de los intereses generales de la burguesía, convertido en su vanguardia desesperada, se atrevió a ensayar métodos y recursos de una guerra civil. Una guerra civil que entienden como la única salida contra un gobierno y un movimiento que amenazan con quedarse más tiempo del permitido en el calendario imperial y de las clases dominantes".

2.8.14

EJEMPLOS DE CONTROL GLOBAL PUNITIVO EN TIEMPO REAL

La última semana ha sido dramáticamente pródiga en evidencias rotundas de la existencia de un sistema de control global punitivo, que se expresa a través de lógicas y prácticas imperiales capaces de poner en crisis los estándares de convivencia del capitalismo, al menos como lo conocíamos durante la modernidad temprana.
Una determinación sistémica a la utilización de prácticas de control global policíacas de altísima intensidad, y guerras de baja intensidad, aunque capaces de provocar enormes masacres, son dos de los rasgos más salientes de la era del control global.

El Presidente Obama acaba de confesar que su país que su país torturó gente después del 11-S. Es obvio que el Premio Nobel de la Paz paradójico intenta emparentar esas prácticas violatorias de los Derechos Humanos fundamentales, con la gestión de una gestión republicana. Eso no lo releva, en absoluto, de su responsabilidad en Guantánamo, por motivos análogos, ni tampoco por los numerosos crímenes cometidos o ayudados a cometer en distintos países del mundo durante todo su mandato.

30.7.14

IKER BARBERO, PREMIO INTERNACIONAL ADAM PODGÓRECKI 2014

Nuestro amigo Iker Barbero González, profesor del Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, ha sido galardonado con el Premio Internacional Adam Podgórecki 2014 "por sus logros sobresalientes en el estudio socio-legal como investigador emergente". El Comité de Investigación de Sociología del Derecho (Research Committee on Sociology of Law RC12) de la International Sociological Association, anunció el galardón en su congreso anual celebrado recientemente en Yokohama (Japón).
"Estoy muy contento de recibir este premio por múltiples razones. En primer lugar, porque me sirve de estímulo para seguir investigando, y esto en ciencia es muy importante porque a veces sentimos, y muy especialmente la gente de mi generación, que es un camino muy incierto y precarizado. Por otro lado, en cuanto te lo comunican, piensas en quién lo ha recibido en ediciones anteriores, personas a las que admiro profesionalmente, y te da un poco de vértigo por la responsabilidad que implica haberlo obtenido. Finalmente, ojala que reconocimientos de este tipo sirvan para visualizar a la Sociología Jurídica y el papel que desempeña en la solución de los problemas de la sociedad actual. Junto con Joxerramon Bengoetxea, director de EHUgune, estamos poniendo en marcha una red para que nos encontremos todos aquellos que trabajamos en Derecho y Ciencias sociales. Además, contamos con un centro excepcional que es el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, donde se reúnen los mejores especialistas mundiales en esta disciplina. Gracias a que un día el profesor y fundador del Instituto en los años 80, Francisco Javier Caballero Harriet, me 'incitó' a estudiar el máster internacional de Sociología Jurídica, que se imparte en Oñati, estoy hoy aquí. Mi deseo es seguir trabajando en este entorno por muchos años más".
Iker Barbero es profesor del Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Ha sido investigador visitante IKERBASQUE en el Centre for Citizenship, Identities and Governance de la Open University (2011-2013). Su principal línea de investigación relaciona los actuales regímenes de ciudadanía y normativas de fronteras con los actos de actos de resistencia que protagonizan los colectivos migrantes. Entre sus obras más recientes cabe destacar 'Globalización, Estado y ciudadanía: una análisis socio-jurídico del movimiento sinpapeles' (Betiko Fundazioa/Tirant lo Blanch 2012), 'Orientalising citizenship: the legitimation of immigration regimes in the European Union' (Citizenship Studies 16, 2012) o 'Historia contemporánea de la alteridad en el Derecho de extranjería' (Revista de estudios políticos 164, 2014).

23.7.14

ACERCA DEL PERFIL DEL FUTURO DEFENSOR DEL NIÑO EN LA PAMPA

El Ministerio Público de la Defensa fue consultado por la Comisión de Derecho Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de La Pampa, respecto al perfil del futuro Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes a designarse en nuestra Provincia. La respuesta producida por la Defensa Pública con relación a este requerimiento, advirtió inicialmente que, sobre el tema en cuestión, existe una profusión bibliográfica que acerca improntas compartibles y que se encuentran al acceso de cualquier interesado. De ellas, consideramos recomendable la lectura y seguimiento de un digesto que UNICEF ha publicado en la red (titulado “El trabajo del Defensor de los Niños”) que compila y completa de manera acabada todo lo concerniente a la función del Defensor del Niño, de la que es posible, desde luego, derivar la impronta que debería requerirse para ese cargo de particular sensibilidad. Sin perjuicio de esos elementos, existen otras circunstancias que deberían entenderse como propias del perfil de ese Defensor específico en un Estado Constitucional de Derecho, y que no es frecuente encontrar en la manualística jurídica o los documentos o catálogos internacionales o internos que se ocupan de las cuestiones atinentes a la Niñez. En consecuencia, enunciamos en nuestra respuesta las consideramos más relevantes: a) El Defensor del Niño debe poseer un profundo pensamiento crítico. Durante su función, deberá representarse la existencia de discursos, lógicas y prácticas absolutamente incompatibles con los derechos y garantías de uno de los segmentos más vulnerables de las sociedades de la modernidad tardía, fenómeno éste que unifica el paisaje global en términos de excesos sistemáticos y permanentes del poder punitivo de los Estados contemporáneos. El Defensor debe poseer, en consecuencia, herramientas e insumos conceptuales capaces de articular en clave sistémica las nuevas formas de dominación y control global, en torno a lo que acontece con niños y niñas desde hace más de cien años. Es muy importante a esos fines, desde luego, que el mismo posea conceptos dogmáticos y jurídicos actualizados y compatibles con las Convenciones y Tratados, con la Constitución Nacional y el resto de la legislación nacional o provincial que atañen explícitamente a la cuestión referida a la Niñez en términos de Derechos Humanos. Pero más relevante y necesario es que el funcionario a designar esté en condiciones de leer en clave sociológica la nueva conflictividad que se plantea en esta temática, en materia de vulnerabilidad, exclusión y violación de esos Derechos Humanos. Existen comunes denominadores entre los niños y niñas “en conflicto con la ley penal”, en “situación de abandono material o moral”, como expresan las viejas retóricas tutelares, con la creciente cantidad de episodios de aniquilamiento, intolerancia, autoritarismo, explotación y segregación de que los niños son víctimas de manera sistemática, mediante concepciones que no difieren sustancialmente en el orden internacional e interno. Este es un dato fundamental, porque hace a la impronta con la que deberá llevar a cabo su cometido trascendente el funcionario en cuestión. Debe poder leer que no existen diferencias conceptuales entre el lamentable record de niños desplazados y refugiados que se alcanzó en el mundo en el año 2013, según datos de la ACNUR, los tratos inhumanos y degradantes de que son objetos en establecimientos de secuestro institucional, los “linchamientos”, el enclaustramiento en campos de concentración propiciados por los paises más poderosos de la tierra, o la victimización permanente de que son objetos en “guerras humanitarias” que se perpetran en los más variados puntos del globo. Esta enumeración es meramente enunciativa y no pretende agotar otras formas de vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, y como ya lo hemos expresado, tiende a alertar sobre la necesidad de que el Defensor no sea solamente un mero reiterador de normas y dogmas que en definitiva no hacen más que legitimar un estado de cosas injusto y, por supuesto, reprochable. b) En función de lo precedentemente expuesto, creemos que el Defensor del Niño debe ser un funcionario con habilidades inter y transdisciplinarias, que articule, como mínimo, conceptos actualizados de conflictología, Resolución Alternativa de Conflictos, criminología, sociología de las organizaciones y del conflicto, o que, en su defecto, evidencie predisposición para incorporar estos saberes indispensables, mediante la articulación no sólo con las propias agencias estaduales sino también con diversos sectores de la militancia social, la academia, las ONGs vinculadas a la temática y cualquier otro actor y/o efector social pertinente. c) Por último, consideramos necesario se verifiquen al inicio las capacidades de gestión interlocutoria y mediación entre los diversos sectores políticos del Estado provincial, y también para con el Nacional y/o de otras provincias, como así también la capacitación sustancial en materia de protección integral de derechos en clave no judicializante, pero sí proactiva en relación a las políticas públicas integrales que deberá llevar adelante, para lo cual sería necesario, de seguro, dotarlo de un grupo multidisciplinar que le permita realizar su labor autocrítica, de monitoreo, de articulación, de verificación al nivel macro y micro del sistema de protección integral de derechos, pero por sobre todo, creativa ante la falta de recursos, siempre escasos, por nuestros lares.Por último, aunque no por ello menos importante, habiendo tomado conocimiento del perfil que fuera aportado a esa comisión por el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos a través del Foro por la Niñez, del cual ha participado esta Defensa Pública, considero que resultaría fundamental observar esa propuesta y seguir las especificaciones allí realizadas por resultar de vital importancia para delinear el perfil del funcionario que se intenta erigir, por lo que hacemos expreso el apoyo de este organismo público de acceso a la justicia a esa propuesta del MPPDH.

20.7.14

DISCURSO COMPLETO DEL DR. RAÚL ZAFFARONI EN EL SIMPOSIO DE SEGURIDAD DEL MERCOSUR


BRASIL: MANIFIESTO DE JURISTAS CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES

É com imensa perplexidade que se divisa o recrudescimento da repressão e das tentativas de criminalização das lutas sociais pelos poderes instituídos.

Desde junho do ano passado, quando as grandes manifestações se multiplicaram a partir da luta contra o aumento da tarifa, observa-se que, longe de responder às reivindicações com propostas de concretização de direitos sociais, os agentes do Poder Público têm respondido com violência e tentativas abusivas de criminalização de ativistas.
Especificamente em São Paulo, lugar em que primeiro sopraram os bem-vindos ares de junho, causa extrema indignação o aparato que se organizou desde a instauração do famigerado inquérito policial 1 de 2013 no DEIC.
Como já foi amplamente divulgado[1], são várias as ilegalidades percebidas nesse inquérito:
1) orientado por um explícito e inconstitucional direito penal do autor, ele é conduzido a partir de um rol de perguntas sobre a vida política das pessoas intimadas e chegou-se ao absurdo de proceder à busca e apreensão de livros na casa de alguns “investigados”;
2) na portaria de instauração, está expresso o objetivo ilegal de investigar “indivíduos (que) atuam de forma organizada com o objetivo de questionar o sistema vigente”, sem a indicação de qualquer fato específico que constitua crime;
3) a ampla maioria das pessoas intimadas para “prestar esclarecimentos” foipresa ilegalmente, sem flagrante ou qualquer acusação formal de prática de crime;
4) há infiltração de agentes em manifestações, determinada a partir do inquérito e sem autorização judicial.
Nos últimos dias, assistiu-se a duas prisões claramente forjadas[2], de Fábio e de Rafael, estranhamente realizadas por policiais do DEIC, e à ameaça do Secretário de Segurança de SP de conduzir à força 22 militantes do Movimento Passe Livre ao DEIC para “prestar esclarecimentos”, apesar de eles, em todas as oportunidades em que foram intimados, já terem justificado a ausência com base no exercício do direito fundamental de ficar em silêncio.

19.7.14

MÉXICO: APRUEBAN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PENALES

La crónica periodística de cuenta que la Comisión de Justicia de México aprobó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, en la que se establecen mecanismos no punitivos para la resolución de situaciones problemáticas "no graves", en los que las partes pueden reapropiarse del conflicto, llegar a una conciliación y evitar así un proceso penal. 
"El presidente de dicha comisión, senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, explicó que existen dos momentos en los procesales en los que las partes en conflicto podrán emprender una conciliación, el primero cuando se hace denuncia al Ministerio Público de la existencia y otro cuando ya se hizo del conocimiento a un  juez.
El dictamen en mención establece la obligación de  las procuradurías federal y estatales, y de las salas del Poder Judicial de contar con  juntas restaurativas, donde las partes involucradas tengan posibilidad de emprender una conciliación, acuerdos o convenios para dar solución a su conflicto.
En las negociaciones no se limitará la presencia de los abogados del demandante o demandado, salvo que  no se encuentre uno de ellos.
Gil Zuarth precisó que dichas salas contarán con mediadores y facilitadores que ayudarán a las partes a encontrar una vía de conciliación. Estos habrán de cumplir requisitos de certificación por el Ministerio Público y la Conferencia Nacional de Procuradores, así como una capacitación y profesionalización continua que implica 100 horas al año.
La secretaria de la comisión, senadora Arely Gómez González, del PRI, precisó que  los mecanismos de solución alternativos son un mecanismo de respaldo a los juicios orales, cuya aplicación comenzará en 2016, el objetivo es eliminar la carga procesal en los juzgados, así como la sobrepoblación en centros penitenciarios, en especial con personas que no cometieron delitos graves".

17.7.14

SELECTIVIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO INTERNACIONAL Y TRIBUNALES DE OPINIÓN EN MATERIA DE DDHH

Daniel Feierstein responde ¿Que pasa cuando los órdenes jurídicos nacionales e internacionales no prestan atención a violaciones de DDHH? Los tribunales "de opinión": del tribunal Russell al Permanente de los Pueblos. De los crímenes en Vietnam a la actualidad. Colonialismo e Imperialismo en la gestion de procesos genocidas. Las trasnacionales y las violaciones a los DDHH. Genocidios para destruir estados o para consolidar estados: casos de Yugoslavia y Sri Lanka. Poenciar a los que resisten y visibliizar lo que se trata de ocultar. La experiencia argentina de los Juicios por la Verdad. Verdad, Justicia y Conden

16.7.14

EL SILENCIO DE LOS RESPONSABLES

Es cierto que el desarrollo y la evolución del derecho internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX (especialmente desde los juicios de Nüremberg y Tokio y la creación de la Corte Penal Internacional) ha sido arduo, trabajoso e incompleto, más allá de la pretendida, y por ende plausible, finalidad de brindar respuestas jurídicas frente a los grandes crímenes contra la Humanidad, uno de los datos constitutivos de la Modernidad. Esas afrentas, consistentes en la eliminación sistemática y estructural de agregados enteros de personas, con el objeto de reorganizar una sociedad sobre las nuevas bases propuestas por los perpetradores, configuran en muchos casos lo que se ha dado en llamar “genocidios reorganizadores”. Ahora bien, como ya lo hemos señalado en artículos precedentes, las respuestas que ese sistema en pleno proceso de construcción y consolidación ha proporcionado solamente a algunos hechos de exterminio, desentendiéndose de otras violaciones groseras a derechos humanos fundamentales, es uno de los hiatos que deslegitima al derecho internacional. Hay, en efecto, una multiplicidad de supuestos en los que los organismos institucionales del sistema jurídico internacional han declinado actuar, o lo han hecho de manera absolutamente sesgada, e incluso en algunos casos han sido los responsables y promotores de estas ,enormes tragedias. concurren aluvionalmente a nuestras memorias los episodios de Vietnam, Ruanda, los Balcanes, Irak, Siria, Libia, sin pretender con esta enumeración agotar aquellas matanzas perpetradas sin que la “Comunidad Internacional” estuviera mínimamente a la altura de las circunstancias.

12.7.14

EL ATAQUE AL PUEBLO PALESTINO PUEDE CONSTITUIR OTRO GENOCIDIO IMPUNE

 "El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños." (Eduardo Galeano)

        Para entender el verdadero sentido y las singulares connotaciones de los ataques sistemáticos que el gobierno de Israel ha emprendido contra el pueblo palestino, y comprender la gravedad intrínseca de tales ofensas, no resulta ocioso revisar algunas normas del Derecho Internacional.
De esta manera, podremos advertir que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 prescribe, en su artículo  II que, para que se considere perpetrado este delito, la conducta deberá haber incluido “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 contempla una referencia similar en su artículo 6°: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
La especificidad de la exigencia que se impone en ambos textos respecto de que el autor haya tenido la intención de destruir a un grupo, por su condición de tal, no parece dejar, así, demasiado lugar a dudas. Esta  intencionalidad es, justamente, la que distingue el genocidio de otros crímenes de lesa humanidad.
La intención especial, requerida como un elemento constitutivo del delito, exige que el perpetrador claramente pretenda llevar a cabo el acto del que se lo acusa. En definitiva, el componente subjetivo adicional en el delito de genocidio reside en la “intención de destruir, en forma total o parcial, a un grupo nacional, étnico, racial o religiosos como tal”.
 Estos elementos básicos que hacen a la descripción del más grave crimen contra la Humanidad, obligan a reflexionar sobre la matanza que el gobierno de Israel está ocasionando al pueblo palestino, y la necesidad urgente de que los organismos internacionales intervengan activamente para poner fin a la masacre.