“LA DERECHA NO PERDONA: DISPAREN CONTRA GARZÓN”.


Por Eduardo Luis Aguirre.
En buen romance, y para que todos podamos entenderlo, el Juez Baltasar Garzón fue imputado en su momento de haber cometido el delito de prevaricato, conducta que en la Argentina equivale a dictar resoluciones contrarias a derecho de manera dolosa, y que en España tiene un alcance similar.La denuncia la radicó un colectivo derechista denominado “Manos Limpias”, una vez que el Juez se declaró competente en octubre de 2008 para avanzar en la causa en la que se investiga la desaparición de más de cien mil personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y ordenó la apertura de decenas de fosas comunes, por entender que se estaría frente a un delito de lesa humanidad, por ende imprescriptible.

La acusación supone que con su actuación Garzón habría violado normas mediante las que el estado español había decretado la amnistía respecto de esos hechos.
El magistrado prestó declaración meses atrás durante más de dos horas y ahora afronta el riesgo de la suspensión debido a los términos de un auto que compromete la suerte de Garzón, emanado de un juez instructor que, al igual que el propio Tribunal Supremo que deberá decidir en definitiva la suerte del enjuiciado, es sospechado de afinidad con el conservador Partido Popular. El magistrado perseguido ha solicitado el comparendo en su favor de figuras tales como el reciente premio Estocolmo de Criminología y juez de la Corte Suprema Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien debería declarar, según se especula, sobre el alcance de la jurisdicción universal en el caso de delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad, haciendo hincapié en la experiencia nacional reciente. Zaffaroni, mientras tanto, ha dicho a la prensa española que "da la sensación de que España trata de ocultar la existencia de crímenes contra la humanidad"[1], y que lo que ocurre con relación a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo "se parece un poco a lo que ocurre en Turquía"[2]. "No hay sobrevivientes que pudieran ser responsables de los crímenes, pero está en juego el derecho a la verdad y la recuperación de restos". Consultado sobre lo que se percibe en nuestro país en orden a la persecución de la que es objeto Garzón, con absoluta lógica Zaffaroni ha señalado que “se tiene una impresión bastante negativa. Garzón ha luchado para que no queden impunes crímenes ocurridos durante la dictadura militar en Argentina, por lo que no se entiende que pueda ser imputado por intentar perseguir ese tipo de delitos ocurridos en España durante la dictadura del general Franco".
Sobre todo, porque una de las dos grandes críticas que los sectores más radicalizados habían realizado sobre el conocido juez, tenían que ver precisamente con el sesgamiento en la persecución de delitos de lesa humanidad, circunscribiéndolo a lo acontecido en países del tercer mundo, ratificando de esa forma las reservas que el sistema penal internacional genera respecto de sus prácticas selectivas de persecución y enjuiciamiento.
Cabe recordar que Garzón fue el juez que investigó el “caso Gal” durante el gobierno socialista de Felipe González, en el que el Estado fue señalado culpable de organizar un grupo parapolicial para asesinar a dirigentes de la organización separatista vaska ETA. En su momento, había acusado a la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, por el delito de blanqueo de dinero. También llevó adelante la investigación crucial del denominado “caso Gürtel”, en el que quedó implicado un yerno del propio José María Aznar. En un comienzo, el juez empezó a a analizar diversos regalos y comisiones recibidas por responsables de los gobiernos regionales del PP de Madrid (centro) y Valencia (este) por parte de una red de empresas a cambio de contratos millonarios para la organización de todos los eventos y mitines políticos del partido durante la gestión gubernamental de José María Aznar.De modo que la derecha española tiene cuentas pendientes suficientes con el funcionario jironense. Así lo entiende la Izquierda Unida, que ha iniciado una campaña de apoyo al juez acusado en todos los municipios en los que la agrupación tiene representación parlamentaria, justamente por entender que la exhumación de las causas de lesa humanidad en España y su actuación en el Caso Gürtel (donde se lo acusa de haber violado la ley al utilizar escuchas telefónicas únicamente aceptadas en casos de “terrorismo”) son los verdaderos motivos que subyacen en la pretensión de acabar con la carrera de Garzón.
Como una contracara de aquellas conductas “políticamente correctas”, cabe recordar que fue el mismo Baltasar Garzón quien ordenó la detención del líder vasco Arnaldo Otegi y otros diez dirigentes por intentar "reconstruir la nueva Mesa Nacional de Batasuna". Este espacio político había sido ilegalizada en 2003 por la propia justicia española al considerarlo "un apéndice de la organización armada ETA".También prohibió en agosto pasado las manifestaciones de apoyo a lospresos de la organización separatista vasca ETA en San Sebastián, con el dudoso argumento de que las mismas buscaban reivindicar el terrorismo. “Nopueden autorizarse ni consentirse este tipo de actos ilícitos con los que se pretende congregar a personas afines con la clara intención de apoyar y enaltecer a la organización terrorista ETA y sus miembros, especialmente, los presos”, había concluido el juez.
De modo que la puesta en crisis de su estabilidad (el jaque a “la carrera”, especie de fetiche de los jueces en todo momento y lugar), encubre que lo que está en juego en el caso Garzón es, en verdad, la propia autonomía de la justicia española.
Cuando se afectaron o pusieron bajo sospecha intereses poderosos, la respuesta brutal fue eliminar al juez. No importa que las sospechas –más bien, les certezas- que despertaron el descubrimiento de fosas comunes y los relatos de familiares de las víctimas que recorren el mundo den cuenta que, como mínimo, es necesario investigar si lo que ocurrió en España durante ese período histórico fueron o no crímenes de lesa humanidad.Respecto de los cuales, cualquier estrategia de impunidad, como por ejemplo la amnistía a que hace mención la denuncia, cede frente a un gobierno que se arrogó la suma del poder público e interrumpió la vigencia de las instituciones republicanas. Sobre este particular, cuya aplicación analógica al caso español debe al menos analizarse, me remito a las consideraciones que consigna el dictamen del Procurador General de la Nación en el caso “Simón”. El Estado español no puede ignorar este precedente porque, al tolerar los pedidos de extradición de criminales de lesa humanidad pedidos por la propia justicia española, conoció y convalidó la posibilidad de juzgamiento en extraña jurisdicción y reconoció la vigencia de la aptitud persecutoria respecto de Estados soberanos que habían generado sus propias alternativas para garantizar la impunidad de los acusados (principio de jurisdicción universal). En cualquier caso, el derecho a la verdad debe primar necesariamente frente a estos intentos, cuando se trata de conductas que han significado el exterminio de miles de personas, que afectan la conciencia común de la Humanidad. Y ese derecho no necesariamente se salda de la mano de un punitivismo extremo. El Tribunal Russell constituye un precedente superador cuando de encontrar respuestas no dra
[1] Edición del diario “El País” del 14 de febrero pasado.

[2] País éste que ve, paradójicamente, vetado su ingreso a la Unión Europea por la falta de adecuación de su legislación interna a los estándares que en materia de DDHH “rigen” en Occidente.