EL ACUERDO CON IRÁN: ¿UN EJEMPLO PARA EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL?


El anuncio de un acuerdo entre Argentina e Irán para encontrar alguna fórmula jurídico política que permita avanzar en la añosa causa en la que se investiga el atentado a la AMIA -la más grave agresión terrorista sufrida por nuestro país en toda su historia- ha despertado una serie de especulaciones de todo tipo.
La mayoría de ellas elude sincerar algunas cuestiones de indudable relevancia. Una de ellas - acaso la más significativa- es que la causa había sido boicoteada históricamente mediante una manipulación sistemática, cuidadosamente diseñada para consagrar la impunidad, de consecuencias institucionales bochornosas; un entramado político internacional perverso, destinado a estigmatizar a gobiernos y pueblos indóciles para el imperio,  y la posterior (y esperable) negativa iraní a permitir la extradición de los funcionarios sospechados de participar en el ataque.
Pues bien, el acuerdo al que se podría arribar exhibe, al menos, dos novedades dignas de ser atendidas. 
La primera de ellas es que la justicia argentina podrá interrogar en Teherán a los imputados (un acto procesal indispensable para progresar en la pesquisa), algo impensable si no se hubiera llevado adelante una estrategia diplomática proactiva sin precedentes.
La segunda es que Argentina ha decidido protagonizar una novedosa forma de articulación democrática de vínculos políticos y resolución civilizada de controversias internacionales. Para tener una idea de la dimensión superadora del acuerdo, debe hacerse un simple ejercicio de memoria histórica. Cuando EEUU sufrió un ataque terrorista, su respuesta institucional fue un vendaval de violencia genocida, perpetrada con el mayor cinismo y crueldad, que inauguró un ciclo olvidable del derecho penal internacional, caracterizado por la emergencia permanente, la asimetría y el autoritarismo letal de los poderosos. Ahora, un país del denominado "tercer mundo", con sus limitaciones y dificultades, decide inscribirse en una forma  consensual y democrática de utilización de los mecanismos jurídicos y políticos de que dispone para intentar obtener justicia y verdad respecto de un hecho desgraciado de la magnitud por todos conocida. La diferencia en las prácticas que propone la Argentina no es, por cierto, menor, y constituye una paradójica muestra de "consenso". Ese que tanto se reclama desde la derecha al gobierno nacional. 
Confieso que no he leído, hasta ahora,  un solo párrafo sobre esta cuestión en los medios de comunicación convencionales.