A PROPÓSITO DEL DÍA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL: ALGO MÁS SOBRE EL CUESTIONADO ROL DEL TPIY

Como hemos adelantado en entradas anteriores, el próximo 17 de julio, la "comunidad" global volverá a celebrar el "día de la justicia universal", en una fecha que coincide con la adopción del Estatuto de Roma, acuerdo por medio del cual se creó la Corte Penal Internacional.
Antes de la creación de la Corte, varios conflictos internacionales de singular gravedad se dirimieron por ante tribunales "ad hoc", generalmente creados a instancia exclusiva de los designios de los países más poderosos de la tierra y/o de otros organismos internacionales, cuya impronta y direccionalidad los condicionó para siempre.
Éste ha sido, justamente, el caso del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Sobre la selectividad y asimetría de este tribunal y sus procedimientos ya nos hemos ocupado en entregas precedentes (sugerimos, en ese caso, releer la disponible en http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2012/10/crimenes-contra-la-humanidad-y-el.html).
 Queremos ahora analizar dos aspectos que terminan de redondear la naturaleza del tribunal y su cometido, para entender así, con una de sus expresiones más elocuentes a la mano, el verdadero funcionamiento de la "justicia internacional", en las vísperas de su aniversario. 



El primero de ellos es, justamente, el Estatuto que delimita su competencia, composición y funcionamiento. 
El segundo aspecto, se vincula con los pronunciamientos de este cuerpo, para advertir de esta manera la desigualdad profunda e írrita de los procesos de criminalización que el tribunal ha producido, profundizando su ilegitimidad de origen. 
Advertimos que la lista de personas condenadas no se encuentra actualizada a la fecha, lo que en modo alguno empece advertir la tendencia del organismo a sancionar prácticamente a una sola de las partes intervinientes en el conflicto. 
La competencia del Tribunal, como ya hemos visto,  lo faculta para juzgar a las personas  acusadas de las graves violaciones al derecho humanitario, cometidas en el territorio de lo que fuera la Antigua República Socialista de Yugoslavia, a partir del 1° de enero de 1991 y sin que la misma reconociera plazos o límites temporales para su agotamiento[1], razón por la cual el tribunal tendría  competencia efectiva para juzgar, también, las conductas perpetradas por el personal de la OTAN durante las operaciones “humanitarias” desplegadas por esa alianza militar. 
El Estatuto del Tribunal determina que los delitos respecto de los cuales éste podrá ejercer su competencia son aquellos tipificados en las Convenciones de Ginebra (artículo 2º del Estatuto), las violaciones a las leyes o las costumbres de la guerra (artículo 3º), el genocidio (artículo 4º) y los crímenes contra la humanidad (artículo 5º)[2]. Es muy interesante confrontar el criterio de genocidio utilizado por el Tribunal, con las caracterizaciones que respecto de las prácticas sociales genocidas de la modernidad han establecido los tribunales argentinos al momento de pronunciarse sobre el pasado reciente del país y los crímenes masivos perpetrados por la última dictadura cívico militar. Veremos que ambas nociones de genocidio no necesariamente coinciden.
El Tribunal  debe subordinarse al principio nullum crimen, nulla poena sine lege, de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las reglas del debido proceso legal (artículos 20 y 21 del Estatuto). Respecto a la responsabilidad penal internacional, ésta se basa -como hemos indicado- en la responsabilidad penal individual de personas físicas. Por lo tanto, no son los pueblos ni los gobiernos sino determinados individuos los que habrían cometido estos crímenes. De ser ello así, con mayor razón debería revisarse en la especie la categoría jurídica del genocidio. Como sabemos, la jurisprudencia argentina ha establecido categóricamente quiénes pueden cometer este tipo de ofensas.
Los imputados no podrán ampararse en la obediencia debida, que solamente podría ser utilizada en los casos que el Tribunal lo decida como un atenuante, lo que en la práctica significa un plausible precedente que ha influido en decisiones que diversos tribunales han debido adoptar en distintos lugares del mundo, por ejemplo la Argentina[3]
El sistema dispuesto por el Consejo de Seguridad  le otorga al Tribunal facultades concurrentes con las jurisdicciones nacionales (artículo 9. 1), sin perjuicio de lo cual se resguarda la primacía de aquel sobre las cortes nacionales, pudiendo en cualquier estado de los procedimientos peticionar que el o los tribunales nacionales se aparten del caso (artículo 9.2)[4].
Respecto del principio de prohibición de doble persecución (ne bis in idem), es receptado en el artículo 10 del Estatuto. Vale decir que si una persona ha sido juzgada en alguno de los tribunales internos de los países que componían anteriormente la República Socialista Federativa de Yugoslavia, no podría ser juzgado por el Tribunal, en tanto y en cuanto -inferimos- se dé el caso de coexistencia de las tres identidades que ordenan los sistemas procesales y no se trate de crímenes contra la paz o el derecho humanitario[5].
El artículo 29 del Estatuto prohíbe también los juicios en ausencia, lo que significa otro importante avance en materia de preservación de garantías del debido proceso y la defensa en juicio, pero los Estados están obligados a entregar o poner a disposición del Tribunal a los imputados[6].
El artículo 11 prescribe que el “Tribunal Internacional está compuesto por los siguientes órganos: a) Las Cámaras, esto es dos Cámaras de Primera Instancia y una Cámara de Segunda Instancia; b) El Procurador; y c) Un Secretario común a las Cámaras y al Procurador”[7].
Las Cámaras están compuestas por 11 jueces independientes, de distintas nacionalidades, y de los cuales: a) Tres ocupan un puesto en cada una de las Cámaras de primera instancia; y b) Cinco ocupan un puesto en la Cámara de Apelaciones (artículo 12).
La forma de selección de los jueces del Tribunal está establecida en el artículo 13 del Estatuto: “Los jueces deben ser personas de reconocida moralidad, imparcialidad e integridad, poseedores de las cualificaciones requeridas en sus respectivos países para ser nombrados en las más altas funciones judiciales. En la composición de las Cámaras es tenida debida cuenta de la experiencia de los jueces en materia de derecho penal y de derecho internacional, especialmente derecho internacional humanitario y derechos humanos” (…)[8].
 Los jueces del Tribunal Internacional son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre una lista presentada por el Consejo de Seguridad, según el siguiente procedimiento: “a) El Secretario General invita a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y a los Estados no-miembros que tienen un puesto de observadores permanentes en la sede de la Organización a presentar candidaturas; b) Cada Estado puede presentar, en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la invitación del Secretario General, la candidatura de un máximo de dos personas que reunan las condiciones indicadas en el párrafo 1 de este artículo y que no tengan la misma nacionalidad; c) El Secretario General transmite las candidaturas al Consejo de Seguridad. El Consejo elabora, en base a estas candidaturas, una lista de un mínimo de 22 candidatos y 33 candidatos como máximo teniendo debida cuenta de la necesidad de asegurar una representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo; d) El Presidente del Consejo de Seguridad transmite la lista de candidatos al Presidente de la Asamblea General. La Asamblea elige, sobre esa lista, a los 11 jueces del Tribunal Internacional. Resultan electos los candidatos que han obtenido la mayoría absoluta de las voces de los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas y de los Estados no-miembros que tienen un puesto de observadores permanentes en la sede de la Organización. Si dos candidatos de la misma nacionalidad obtienen la mayoría requerida, resulta electo aquel que recibe mayor número de votos”[9] (…) “3. Si se produce una vacante en una de las cámaras, el Secretario General, después de haber consultado con los Presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea general, nombra una persona que reúna las condiciones indicadas en el párrafo 1 de este artículo para ocuparlo hasta la expiración del mandato de su predecesor. 4. Los jueces son elegidos por un mandato de cuatro años. Sus condiciones de empleo son las mismas que las de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Pueden ser reelegidos”[10].
El artículo 16 pone de relieve un criterio aparentemente acusatorio de los procesos, si se atiende a que únicamente el Procurador del Tribunal es quien debe efectuar las investigaciones y en su caso efectuar la acusación, pudiendo atender a diversas fuentes, incluso las noticias o informe que provengan de organizaciones no gubernamentales, y solicitar la ayuda o auxilio de los Estados: 1.El Procurador es responsable de la instrucción de los expedientes y del ejercicio de la persecución de los autores de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir del 1º de enero de 1991. 2. El Procurador, que representa un órgano autónomo dentro del Tribunal Internacional, actúa con total independencia. No solicita ni recibe instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra fuente. 3. La Oficina del Procurador está compuesta por el Procurador y por el personal cualificado que pueda necesitar. 4. El Procurador es nombrado por el Consejo de Seguridad tras una propuesta del Secretario General. Debe tener reconocida moralidad, gran capacidad y sólida experiencia en de la instrucción de asuntos criminales y sus diligencias. Su mandato es de cuatro años, y es reelegible. Las condiciones de su empleo son las mismas que las de un Secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas. 5. El personal de la Oficina del Procurador es nombrado por el Secretario General por recomendación del Procurador”[11].
En cuanto al examen de la acusación del Procurador, el artículo 19 establece: “El juez de la Cámara de Primera Instancia receptor del Acta de acusación la examina. Si estima que el Procurador ha establecido que a la vista de las presunciones hay motivos para iniciar las diligencias, confirma dicha Acta. En caso contrario, la rechaza. Si confirma el Acta de acusación, dicho juez, a solicitud del Procurador, emite los autos y el mandato de arresto, de detención, para que le lleven o le remitan a las personas, y todos los demás autos necesarios para llevar a cabo el proceso”[12].
La apertura y sustanciación del proceso están reguladas por el artículo 20: “1. La Cámara de Primera Instancia debe ocuparse de que el proceso sea imparcial y rápido, y que la instancia se desarrolle de acuerdo con las reglas de procedimiento y de prueba, que los derechos del acusado sean plenamente respetados, y que la protección de las víctimas y de los testigos sea debidamente asegurada. 2. Toda persona contra la cual haya sido confirmada un Acta de acusación, y que sea arrestada como consecuencia de una ordenanza o un mandato de arresto emitido por el Tribunal Internacional, debe ser informada inmediatamente de los cargos de los que se le acusa y llevada ante el Tribunal Internacional. 3. La Cámara de Primera Instancia da lectura del Acta de acusación, se asegura de que los derechos del acusado son respetados, confirma que el acusado ha comprendido el contenido del Acta de acusación y le ordena que se declare culpable o no culpable. La Cámara de Primera Instancia fija entonces la fecha del proceso. 4. Las audiencias son pública a menos que la Cámara de Primera Instancia decida realizarlas a puerta cerrada de acuerdo con sus reglas de procedimiento y de prueba”.
En el artículo 21 se consagran los derechos de los imputados, que coinciden con el catálogo de garantías que, de ordinario, prevén los sistemas penales liberales de todo el mundo y que se basan en las prescripciones de los artículos 14 y 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (1966)[13]: “1. Todos son iguales ante el Tribunal Internacional. 2. Toda persona contra la cual se efectúen acusaciones tiene derecho a que su causa sea atendida imparcial y públicamente, con reserva de las disposiciones del artículo 22 del Estatuto. 3. Toda persona acusada es presumida inocente hasta que se establezca su culpabilidad de acuerdo con las disposiciones del presente Estatuto. 4. Toda persona contra la cual pese una acusación en virtud del presente Estatuto tiene derecho, en uso del principio de plena igualdad, de al menos las siguientes garantías: a) De ser informada, en el más breve plazo posible, en una lengua que comprenda y de forma detallada, de la naturaleza y de los motivos de la acusación contra ella; b) De disponer del tiempo y de las facilidades necesarios para la preparación de su defensa y de comunicase con el consejero de su elección; c) De ser juzgado sin excesiva demora; d) De estar presente en su propio proceso y de defenderse a sí misma o de tener la asistencia de un defensor de su elección; si no tiene defensor, de ser informada de su derecho de tener uno, y, cada vez que el interés de la justicia lo exija, tener un defensor de oficio, sin cargo alguno si no tiene medios para pagarlo; e) De interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia y el interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) De hacerse asistir gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia; g) De no ser forzada a testimoniar en contra de sí misma o de declararse culpable”[14].
El Tribunal prevé medidas incipientes de protección para las víctimas y los testigos, que recién serán superadas sustancialmente -en cuanto a la participación y derechos de la víctima en el proceso- por el Estatuto de Roma. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las audiencias a puerta cerrada y la protección de la identidad de las víctimas (artículo 22)[15].
El artículo 23 prescribe: “1. La Cámara de Primera Instancia pronuncia sentencias e impone penas y sanciones contra los culpables de graves violaciones del derecho internacional humanitario. 2. La sentencia es comunicada en audiencia pública por la mayoría de los jueces de la Cámara de Primera Instancia. Es establecida por escrito y con motivos, y pueden ser adjuntadas las opiniones individuales o disidentes”[16].
En cuanto a las penas que impone el Tribunal Internacional, es interesante destacar que el Estatuto no prevé la pena de muerte (a diferencia de Nuremberg y el Tribunal Militar para el Lejano Oriente) y únicamente está facultado para imponer penas de prisión: 1. “La Cámara de Primera Instancia sólo impone penas de prisión. Para fijar las condiciones del encarcelamiento, la Cámara de Primera Instancia recurre a las normas de penas de prisión aplicada por los tribunales de la ex-Yugoslavia. 2. Al imponer cualquier pena, la Cámara de Primera Instancia tiene en cuenta factores como la gravedad de la infracción y la situación personal del condenado. 3. Además del encarcelamiento del condenado, la Cámara de Primera Instancia puede ordenar la restitución a sus propietarios de todos los bienes y recursos que les hayan sido arrebatados por medios ilícitos, incluyendo la coerción”[17].
El Estatuto solamente prevé dos recursos contra las resoluciones del Tribunal Internacional: apelación y revisión. El artículo 25, en efecto, señala: “1. La Cámara de Apelaciones conocerá los recursos presentados por las personas condenadas por las Cámaras de Primera Instancia, o por el Procurador, por los siguientes motivos: a) Error en un punto de derecho que invalide la decisión; b) Error de hecho que conlleve una negación de justicia. 2. La Cámara de Apelaciones puede confirmar, anular o modificar las decisiones de la Cámaras de Primera Instancia”[18].
Y el artículo 26, por su parte, estatuye que: “Si se descubre un nuevo hecho desconocido en el momento del proceso en primera instancia o en apelación, y que podría haber sido un elemento decisivo en la decisión, el condenado o el Procurador pueden  presentar al Tribunal una demanda de revisión de la sentencia”[19]

          En relación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, cabe plasmar los procedimientos que culminaron con declaraciones de culpabilidad y que se encuentran firmes a la fecha[20].                  Deliberadamente, en algunos casos en que se han aplicado severas penas de privación de libertad, hemos traído a colación la edad de los condenados, como elemento indicativo sobre la compatibilidad de semejantes sanciones con los paradigmas fundamentales de un Derecho penal liberal[21].

                El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, ha sido -como ya expresáramos- uno de los más cuestionados, tanto por su selectividad en los procesos de persecución y enjuiciamiento penal derivados del conflicto balcánico (criminalizando solamente a una de las partes del conflicto), cuanto por su inexplicable pasividad frente a las violaciones a los DDHH en que incurrieran las misiones humanitarias patrocinadas por la OTAN y las potencias occidentales.
            La OTAN, según se afirma, habría arrojado  sobre Yugoslavia “25.000 toneladas de bombas y misiles, incluyendo más de 50.000 proyectiles que representan más de 20 toneladas de uranio empobrecido y 152 proyectiles contenedores de 35.000 bombas de racimo, asesinando premeditada y deliberadamente a cientos de personas civiles, destruyendo sistemáticamente la economía e infraestructuras del país, incluyendo refinerías y plantas químicas, produciendo daños de guerra evaluados en más de 100.000 millones de dólares. Esta agresión fue un verdadero terrorismo aéreo. Mientras tanto, los terroristas de a pie provocaron otros cientos de víctimas civiles durante la agresión y continuaron sus crímenes incluso después que la OTAN tomara el control sobre Kosovo. En esas fechas destruyeron más de 100 iglesias cristiano-ortodoxas, muchas de ellas monumentos de la época medieval patrimonio de toda la humanidad” (…) “El TPIY, siendo un “tribunal” esponsorizado por la OTAN, nunca ha presentado cargos contra ningún líder de la Alianza Atlántica o piloto de la misma por crímenes de guerra, negándose a responder ante las acusaciones de diversos organismos, como el grupo de procuradores canadienses dirigidos por el magistrado Michel Mendel o Amnistía Internacional. Ninguno de los líderes terroristas identificados en Kosovo ha sido acusado. Pero el Sr. Presidente Slobodan Milosevic fue ilegalmente detenido y secuestrado. Su crimen fue la real defensa de su país frente a agresiones externas y al terrorismo interno. No hay en este "proceso" ninguna justicia ni igualdad”[22]







[1] http://www.icty.org/
[2] http://www.icty.org/
[3]  Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/ dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[4] http://www.icty.org/
[5] http://www.icty.org/
[6] http://www.icty.org/
[7] http://www.icty.org/
[8] http://www.icty.org/
[9] http://www.icty.org/
[10] http://www.icty.org/
[11] http://www.icty.org/
[12] http://www.icty.org/
[13] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 121.
[14] http://www.icty.org/
[15] http://www.icty.org/
[16] http://www.icty.org/
[17] http://www.icty.org/
[18] http://www.icty.org/
[19] http://www.icty.org/
[20] http://www.icty.org
[21] El ex comandante del campo de prisioneros musulmanes de Kaonik, Zlatko Aleksovski, fue condenado el 24 de marzo de 2000 a 7 años de prisión. Milan Babic,  primer Presidente de la República Serbia de Krajina, fue condenado a  13 años de prisión en julio de 2005 y falleció mientras cumplía su condena, el 5 de marzo de 2006. A Predrag Banovic, ex guardia del campo de concentración de Keraterm, se lo condenó a 8 años de privación de libertad el 28 de octubre de 2003. Vidoje Blagojević, oficial serbobosnio, fue sentenciado a 15 años de prisión y  Dragan Jokic a  cumplir 9 años de encierro, ambos el 9 de mayo de. 2007. Tihomir Blaškić, oficial bosniocroata del ejército del Consejo Croata de Defensa fue sentenciado a la pena de 9 años de reclusión el 29 de julio de 2004. Johan Tarčulovski, macedonio, inspector del Servicio de Escolta de la Unidad de Seguridad de la Presidencia fue condenado a 12 años de prisión el 19 de mayo de 2010. Miroslav Bralo, militar bosniocroata, miembro del Consejo Croata de Defensa, fue sentenciado a 20 años de prisión el 2 de abril de 2007. A Radoslav Brđanin, nacido en 1948, ex viceministro serbio bosnio, se lo condenó a  30 años de prisión el 3 de abril de 2007. Ranko Češić, ex miembro del Ejército de la República Srpska (VRS) y de la reserva de la policía en Brčko, fue condenado a 18 años de privación de libertad el 11 de marzo de 2004. Rasim Delić, condenado a 3 años de prisión el 15 de septiembre de 2008, falleció el 16 de abril de 2010. Miroslav Deronjić, ex presidente del Consejo Municipal de Bratunac del Partido Democrático Serbio, fue sentenciado a 10 años de prisión el  25 de julio de 2005. Dražen Erdemović, un joven solado de 25 años de edad, fue condenado el 5 de marzo de 1998 a una pena atenuada  (5 años de privación de libertad) por haber sido el primer acusado que colaboró con la Justicia internacional ofreciendo información sobre los crímenes cometidos en Srebrenica, en el noreste de Bosnia, y por haber confesado su participación en los fusilamientos allí perpetrados. Anto Furundžija, comandante paramilitar bosnio-croata, fue condenado el 21 de julio de 2000 a diez años de prisión por haber permitido que uno de sus subalternos violara a una mujer musulmana y torturara a un bosnio-croata. Stanislav Galić, comandante del ejército serbobosnio, fue condenado a prisión perpetua el 30 de noviembre de 2006, por su responsabilidad en los bombardeos y francotiradores en Sarajevo. En un primer momento, había sido condenado a 20 años de prisión. Galić apeló su condena, el Tribunal desechó su recurso y aumentó el monto de sentencia a la máxima pena prevista. Un buen caso para analizar el irrespeto a la prohibición de la reformatio in peius en que habría incurrido el Cuerpo. Enver Hadžihasanović, sentenciado a 3 años y seis meses de prisión el 22 de abril de 2008 por asesinatos y daño en Bosnia Central. Amir Kubura, condenado por su responsabilidad en asesinatos y destrucción en Bosnia Central, a 2 años de prisión el 22 de abril de 2008. Goran Jelisić, tenía 33 años de edad cuando fue condenado a 40 años de prisión, el 5 de julio de 2001, por asesinatos, malos tratos y genocidio de bosniacos y croatas en el campo de concentración de Brcko. Con excepción de las imputaciones sobre genocidio, Jelisić  había reconocido los restantes cargos. Miodrag Jokić, vicealmirante de la marina de guerra yugoslava, fue sentenciado a 7 años de prisión el 30 de agosto de 2005 por sus crímenes durante el sitio a la ciudad croata de Dubrovnik. Dario Kordić, político y comandante militar bosniocroata perteneciente a las fuerzas del Consejo Croata de Defensa (HVO) fue sentenciado a 25 años de prisión el 17 de diciembre de 2004. Mario Čerkez, miembro del Consejo Croata de Defensa (HVO), principal formación militar de la República Croata de Herzeg-Bosnia, fue condenado a 6 años de prisión el 17 de diciembre de 2004. Momčilo Krajišnik, ex Presidente del Parlamento serbio bosnio, nacido en 1945, fue condenado a 20 años de prisión el 17 de marzo de 2009. Milorad Krnojelac, ex maestro de matemáticas de una escuela primaria y comandante de un campo de concentración durante la guerra de Bosnia, fue condenado a 15 años de prisión el 17 de septiembre de 2003, con 63 años de edad. Radislav Krstić, Jefe de Personal y Comandante Adjunto del Cuerpo del Drina del Ejército de la República Srpska  (el ejército serbio de Bosnia), nacido el 15 de febrero de 1948, fue condenado a 35 años de reclusión el 19 de abril de 2004. Dragoljub Kunarac, quien estuvo al frente de una unidad de reconocimiento del ejército serbio de Bosnia, fue condenado a 28 años de prisión el 12 de junio de 2002. Nacido en 1960, se le imputaron entre otros delitos, agresiones sexuales contra la población civil en Foca. Fue la primera oportunidad en que se realizara un juicio independiente por delitos sexuales en el conflicto, y se los considerara crímenes contra la Humanidad. Por cargos similares a los de Kunarac, se condenó a los militares serbobosnios Radomir Kovač, a 20 años de privación de libertad, y Zoran Vuković a 12 años de prisión, respectivamente,  el 12 de junio de 2002. Vladimir Šantci, un croata comandante de la policía militar, fue sentenciado a 18 años de prisión el 23 de octubre de 2001. Miroslav Kvočka fue condenado a 7 años de prisión por su responsabilidad en los crímenes cometidos en los campos de Omarska y Keraterm, el 28 de febrero de 2005. Dragoljub Prcać fue sentenciado a  5 años de prisión el 28 de febrero de 2005, por su responsabilidad en los crímenes cometidos en los campos de Omarska y Keraterm. Mlađo Radić, policía profesional que prestaba funciones en la Estación de Policía de Omarska y jefe de guardias en el campo de Omarska,  fue sentenciado a 20 años de prisión el 28 de febrero de 2005. Zoran Žigić fue condenado a 25 años de prisión el 28 de febrero de 2005, por los crímenes cometidos en la región de Prijedor. Milojica Kos fue condenado a 6 años de prisión el 2 de noviembre de 2001, por los crímenes cometidos en el campo de concentración de Omarska. Haradin Bala, un albano-kosovar que fue comandante del Ejército de Liberación de Kosovo, nacido en 1957, fue sentenciado a 13 años de prisión el 27 de septiembre de 2007. Milan Martić, ex presidente de la República de Trajina, nacido en 1954, fue condenado a 35 años de prisión el 8 de octubre de 2008. Dragomir Milošević, Comandante de las Fuerzas Armadas de la República Srpska durante el sitio a Sarajevo, nacido en 1942, fue condenado a 29 años de prisión el 12 de noviembre de 2009. Darko Mrđa, ex policía serbobosnio a quien se adjudicara la ejecución sumaria de 200 civiles, fue condenado a 17 años de prisión el 31 de  marzo de 2004. Mile Mrkšić, ex militar serbio del Ejército Popular Yugoslavo, nacido en 1947, fue condenado a 20 años de prisión el 5 de mayo de 2009, al haber sido encontrado culpable de asesinar a 200 croatas en Vukovar, durante la batalla ocurrida en esa ciudad. Veselin Šljivančanin, miembro del Ejército Popular Yugoslavo, culpable de crímenes contra no serbios en la batalla de Vukovar, nacido en 1953, fue condenado a 17 años de prisión el 5 de mayo de 2009. Zdravko Music, responsable del campo de concentración de Celebici, fue sentenciado a 9 años de prisión el 8 de abril de 2003. Hazim Delić, comandante adjunto del campo de Celebici, en Bosnia,  fue condenado a 18 años de prisión el 8 de abril de 2003. Esad Landžo, guardia de seguridad del campo de concentración de Celebici, fue sentenciado a 15 años de prisión el 8 de abril de 2003. Mladen Naletilić, nacido en 1946,  agente de la policía secreta yougoslava, jefe de la unidad especial «Kaznjenicka Bojna» o KB,  fue condenado a 20 años de prisión el 3 de mayo de 2007. Vinko Martinović, nacido en 1963, miembros del Consejo de Defensa Croata, fue condenado a 18 años de prisión el 3 de mayo de 2006. Dragan Nikolić, comandante del campamento de Vlasenica-Šušic, fue sentenciado a 20 años de privación de libertad el 4 de febrero de 2005. Momir Nikolić, responsable de inteligencia de la brigada bosnio serbia que capturó, Srebrenica en 1995, fue condenado a 20 años de prisión el 8 de marzo de 2006, cuando tenía 55 años de edad. Dragan Obrenović, comandante de la brigada de Zvornik del Republika Srpska (VRS), fue condenado a 17 años de reclusión el 10 de diciembre de 2003, cuando contaba con 40 años de edad. Biljana Plavšić, profesora de la Universidad de Sarajevo, bióloga, genetista, científica e investigadora de renombre internacional, ex presidenta de la República Srpska , nacida en 1930, fue condenada a 11 años de prisión el 27 de febrero de 2003 y recuperó su libertad al cumplir los dos tercios de la condena en una prisión sueca, el 14 de septiembre de 2009. Ivica Rajić, ex jefe del Consejo Croata de Defensa (fuerzas armadas croatas de Bosnia), fue condenado a 12 años de prisión el 8 de mayo de 2006. Duško Sikirica, Comandante del campo de Keraterm, fue sentenciado a 15 años de prisión el 13 de noviembre de 2001. Damir Došen fue sentenciado a 5 años de prisión por el tratamiento inhumano de los prisioneros alojados en el campo de Keraterm el 13 de noviembre de 2001. Dragan Kolundžija también condenado por su responsabilidad respecto de reclusos de Keraterm, a tres años de prisión, en noviembre de 2001. Blagoje Simić, alcalde  de la ciudad Serbia de Bosanski Sama, fue sentenciado a 15 años de privación de libertad el 28 de noviembre de 2006. Miroslav Tadić fue condenado a la pena de 8 años de reclusión, el 17 de octubre de 2003, por persecución y deportación de civiles, cuando era presidente de la comisión Bosanki Šamac de "intercambio”. Simo Zarić fue condenado a 6 años de prisión el 17 de octubre de 2003. Milan Simić fue condenado a 5 años de prisión el 17 de octubre de 2002  por llevar a cabo  una campaña contra bosniocroatas, musulmanes y otros no serbios, en el área  Bosnia septentrional, en  1992. Milomir Stakić, médico serbobosnio,  que había sido alcalde de la ciudad de Prijedor en Bosnia, fue condenado el 22 de marzo de 2006 a la pena de 40 años de prisión. Pavle Strugar, militar que dirigía las fuerzas yugoslavas durante el asedio a a la ciudad croata de Dubrovnik, resultó sentenciado a siete años y seis meses de prisión el 17 de julio de 2008. Tenía más de 70 años cuando fue condenado, y se había desechado por parte del Tribunal un planteo de incompetencia por demencia del imputado. De hecho, su estado de salud hizo que se le redujera en seis meses la condena originaria a 8 años de reclusión. Duško Tadić, miembro de las fuerzas serbobosnias que actuaban en el municipio de Prijedor, fue condenado a  20 años de prisión el 26 de enero de 2000. Stevan Todorović, ex jefe de la policía serbia, fue sentenciado a 10 años de prisión el 31 de julio de 2001. Mitar Vasiljević, paramilitar serbio, fue condenado a 15 años de prisión el 25 de febrero de 2004. Dragan Zelenović, antiguo  miembro del Ejército de los Serbios de Bosnia en Foča, fue sentenciado a 15 años de prisión el 31 de octubre de 2007. A eso debe agregarse el enjuiciamiento del fallecido Presidente Slobodan Milosevic y de Radovan Karadjic, a quien se le reflotaran hace pocas horas los cargos sobre genocidio.Como contrapartida, y siempre sin pretender agotar la lista de traídos a proceso y condenados, debe ponerse de relieve la reciente absolución que la Cámara dictara respecto de los responsables croatas de la denominada "Operación Tromenta", a la que los serbios identifican con gravísimos crímenes contra la Humanidad.
[22] Semanario Serbio, disponible en http://www.semanarioserbio.com/modules.php?name =News&file= article&sid=2817