EN TORNO AL ACUARTELAMIENTO POLICIAL

Un artículo de Francisco Bompadre  (*)

Los sucesos ocurridos principalmente en la ciudad de Santa Rosa nos dejan algunas enseñanzas, interrogantes y deudas. Veamos.

Primero que nada hay que destacar que fue un grupo muy minoritario de la Policía de la Provincia de La Pampa, y básicamente integrado por la suboficialidad, esto es, los miembros policiales en teoría menos preparados, que menos se han formado y que por ende, no llegarán a estar al frente de una comisaria, unidad regional o de algún departamento policial del comando de jefatura. En este punto entonces, sale fortalecida la oficialidad y el comisariato.


Segundo, el conflicto que se inició con un petitorio anónimo, entregado a la prensa y por parte de un civil, se podía rastrear en los facebook de varios de los cabecillas del acuartelamiento desde algunos días antes. No hace falta demasiada burocracia ni inteligencia para ir midiendo el clima institucional de una policía con las dimensiones de la nuestra. Esto significa que el Jefe de Policía no pudo generar los mecanismos institucionales que le permitieran prever la dimensión del conflicto y la radicalidad de la demanda. Luego de más de 10 años al frente de la institución, debe considerarse un serio déficit de conducción policial la situación descripta. A esto se le agrega que ni el Jefe ni el Subjefe de Policía, ni el titular de la UR-I fueron aceptados como interlocutores válidos en la negociación, lo que implica un tiro por elevación contra la cúpula policial, sin precedentes. En este punto salen debilitados el Jefe y el Subjefe de Policía.

Tercero, la toma de las seccionales en nuestra ciudad es un hecho muy grave. Pero la del edificio de la Jefatura es gravísimo: un claro mensaje sobre la situación de debilidad extrema en que queda la cabeza de la policía provincial. El edificio intrusado es la sede del poder político dentro de la institución, y ese hecho conlleva una precariedad jerárquica en la cadena de mando que el ministro del ramo deberá solucionar antes que tarde. En este punto sale fortalecido el Ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, quien rápido de reflejos no especuló sobre su situación personal y privilegió lo institucional haciendo frente al grupo sedicioso en donde era más fuerte. 

Cuarto, los reclamos salariales, la mecánica de pago de los servicios adicionales y las condiciones laborales de la suboficialidad deben ser atendidos, sin prejuicio alguno. Aunque por las vías institucionales y legales correspondientes, por su puesto. De todas maneras, considerando las circunstancias del miércoles a la noche, fue acertado desactivar el conflicto primero que nada. Es una posición extrema sostener que no puede negociarse con las armas arriba de la mesa, porque más allá de la petición de principio, si se producía algún saqueo o había víctimas fatales que lamentar, la ciudadanía le hubiese cargado la responsabilidad (y con razón) a las autoridades políticas. Esto no implica que ahora no se caiga con todo el peso de la ley sobre los cabecillas y los que cometieron delitos. Si se acordó que no iba a haber sanciones administrativas, se debe respetar lo pactado. Lo que no se puede es garantizar la impunidad en lo relativo a los delitos, dado que investigarlos y juzgarlos no es una atribución que el Poder Ejecutivo pudiera ofrecer en una negociación, le corresponde a otro poder: el judicial. En este punto sale fortalecida la suboficialidad porque se puso en el tapete las condiciones laborales de sus miembros. Pero al mismo tiempo los cabecillas quedan en una posición de extrema debilidad.

Quinto, no comparto que se nacionalice lo sucedido en Santa Rosa/Toay (y en menor medida en Gral. Pico, Eduardo Castex, 25 de Mayo y General Acha). Lo que nosotros vivimos no puede catalogarse de un golpe blando, y eso por varias cuestiones:
1) No estaba la mayor parte de la Policía de acuerdo con la medida tomada, sino un grupo reducido junto a sus familiares.
2) Había muchos reclamos de índole salarial y laboral en el petitorio.
3) La oficialidad patrulló la ciudad y custodió algunos comercios que iban a ser blanco de posibles saqueos.
4) El acuartelamiento de la ciudad de Santa Rosa se vio fogoneado por la situación vivida en otras provincias, en donde efectivamente puede haber otros fines e intereses más heterogéneos en el medio.  
5) La sola presencia de la Gendarmería y la Prefectura hicieron tomar conciencia a los insubordinados de la debilidad política en la que se encontraban. 

Sostener que se trató de un acto destituyente lo ocurrido en nuestra provincia, implica exagerar lo sucedido. Es cierto que suena rimbombante, y hasta podemos pensarlo durante algún momento. Pero si reflexionamos un poco más llegamos a la conclusión que un acto con esas intenciones no se organiza de la misma manera que tiramos 3 choripanes a la parrilla. Requiere planificación, recursos, acuerdos políticos y policiales previos, hegemonía dentro de la propia Policía para llevar a cabo la medida, inacción de la Cámara de Diputados en permitir la presencia de las tropas federales en nuestra provincia, saqueos masivos efectivos, algún policía accidentado adrede para caldear los ánimos de los que dudaban dentro de la institución, y una fuerte campaña de desinformación, que en nuestro caso no pasó de ser tenue.

 
Resumiendo: lo sucedido fue muy grave, pero es un error político creer que fue una acto destituyente y de esa manera englobar a toda la institución policial. La democracia no se preocupó demasiado en estos 30 año de la Policía (que no es sólo la compra de más patrulleros y la incorporación de más agentes a sus filas): la normativa de facto que aún regula la actividad es una prueba difícil de refutar. Buena parte de la policía se mantuvo en sus funciones, lo que es un punto a destacar y a potenciar dentro de la institución (sería un grave error unir lo que estuvo desunido). Los acuartelados no midieron la soledad en la que estaban y su falta de plan b, aunque hay que reconocer que pusieron en discusión la situación laboral de los agentes. El Poder Judicial tiene todas las herramientas para actuar y recuperar algo de su legitimidad tan deteriorada. La sociedad santarroseña estuvo muy firme en repudiar lo sucedido, a diferencia de la Cámara de Diputados, que estuvo más bien tibia. Ahora empieza el verdadero desafío para todos: la democratización de la Policía de la Provincia de La Pampa. Ya nadie puede hacerse el desentendido.  

(*)  Abogado y Especialista en Filosofía Política.