El
deterioro del concepto de ciudadanía en España parece no tener fin. A la
decisión oficial de cerrar cualquier instancia de revisión de su pasado
inmediato (incluidas las groseras referencias del Ministro de Justicia
peninsular respecto del requerimiento efectuado por la jueza argentina Servini
de Cubría), deben añadirse esperpentos tales como la “ley mordaza” y el
comportamiento estatal violatorio de los Derechos Humanos de los migrantes
(rematada con la aparición de una nueva
cultura concentracionaria mediante la implementación de los “Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes”, en el
que se hacinan, las víctimas actuales del colonialismo y el
imperialismo), que merecieran una severa
amonestación del Comité contra la Tortura de la ONU.
Por
si esto fuera sencillo de explicar incluso en el marco acotado de una
democracia formal y de baja intensidad como la española, el
gobierno acaba de sostener que el asesinato de
una prostituta a manos de un cliente no puede considerarse violencia de género "al no existir un vínculo afectivo
entre el agresor y al víctima". La explicación no puede ser más brutal.
Pero las manifestaciones oficiales peninsulares
no quedan ahí, y permiten inferir sin temor a equívocos que una suerte de
cataclismo en materia de derechos civiles y políticos acompaña la crisis
económica y social, como suele ocurrir de ordinario.
La fascistización de las
relaciones sociales no tiene fin. El
PP fue denunciado hace pocos días por “acarrear” ancianos “con demencia” para
votar por correo en un pueblo de Lugo.
La resistencia popular impide que aumente la cantidad
de presos políticos en el País Vasco, muchos de ellos sometidos a condiciones
inhumanas de detención.
Los desahucios, la represión sistemática de la
protesta social y un deterioro institucional sin precedentes, que incluye una
saga alarmante de graves episodios de corrupción política y empresarial,
completan un panorama sombrío que parece difícil de revertir en lo inmediato,
en el marco de una crisis social que parece no haber tocado fondo. Para colmo de males, una editorial del New York Times, a prueba de los epítetos macartistas habituales del gobierno y sus medios aliados, acaba de afirmar:"La nueva ley mordaza de España inquietantemente se remonta a los días oscuros del franquismo. No tiene lugar en una nación democrática, donde los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen más que un derecho virtual al pacífico, protesta colectiva". Fin del recorrido?