Lo que en principio aparecía como una simple sospecha, se reveló como una probabilidad preocupante a partir del editorial de Horacio Verbitsky, publicado en la edición del diario Página 12 del pasado domingo (*).
Todo parece indicar que la derecha argentina está dispuesta a perseguir a los opositores como lo hizo a lo largo de la historia de nuestro país. Desde Dorrego hasta Yrigoyen, desde los mártires de la Patagonia trágica hasta las víctimas de los bombardeos de la Plaza de Mayo, desde los fusilamientos de José León Suárez hasta las desapariciones forzadas, las categorías dicotómicas de sus lógicas binarias siempre están prestas para eliminar a los que considera "enemigos".
Por lo tanto, una persecución judicial, que además quedaría en manos de una corporación afín y sería al mismo tiempo amplificada y legitimada por los medios hegemónicos de propaganda alineados con el gobierno, no resulta en apariencia tan salvaje y explícita como los ajusticiamientos anteriores. Es que la operación formaría parte de un delicado entramado de intervención "humanitaria", siempre según el artículo periodístico al que hacemos mención.
El análisis de H.V da cuenta que el macrismo y sus aliados internos y foráneos intentarán exhumar el caso Nisman, a partir de vientos judiciales favorables y la complicidad mediática esperable. Para eso deberá insistir en la gravitación del Memorándum con Irán como punto de partida de un hasta ahora incomprobable entramado, también fogoneado por intereses difíciles de identificar para el observador común. Intento que, vale recordarlo, ya había sido fulminado por un pronunciamiento firme del Juez Rafecas, que aventó toda posibilidad de existencia de delito en ese intento de acordar una forma de resolución pacífica bilateral de la denominada "Causa AMIA", que al parecer no resulta movimientos sustanciales desde hace largos años. No obstante, la derecha se estaría encolumnando nuevamente detrás del objetivo de forzar un atisbo de tipicidad penal en los supuestos actos preparatorios -de por sí impunes- que quizás implicaron en realidad un intento inaugural de nuevas prácticas no violentas de reacción frente al crimen masivo. Las otras, como sabemos, son los bombardeos, las invasiones y Guantánamo. Aunque los invasores humanitarios de siempre, paradójicamente, hayan sellado recientemente un acuerdo nuclear con el Estado que aparecería implicado en la espantosa voladura de la mutual en Buenos Aires.
Por lo tanto, si se ratificaran las conclusiones de Rafecas, y la falta de entidad penal de las conductas implicadas, quizás el resto del andamiaje concebido se desmoronaría como un castillo de naipes.
Cosa que, obviamente, acarrearía consecuencias institucionales decisivas. Lo mismo que si, por el contrario, la investigación se reabriera mediante alguno de los múltiples recursos fronterizos que utilizan los think tanks macristas en materia jurídica.
Si éste es un territorio técnico en disputa, un aspecto central de máxima sensibilidad, no se entiende por qué los internacionalistas afines al proyecto nacional no han dicho hasta ahora esta boca es mía. Sí recordamos las precisas y relevantes intervenciones de penalistas de nota. Pero en el tema en cuestión se debaten también, como hemos dicho, aspectos exclusivamente vinculados al Derecho Internacional, que reclaman los aportes jurídicos de los especialistas del campo popular. Porque, como se adivina, es mucho lo que está en juego en materia institucional.
(*) http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291002-2016-01-24.html