
Por
Eduardo Luis Aguirre
Los jueces son, entre otras cosas, proveedores de significados. Por eso, aunque resulte incómodo admitirlo, nunca deberían perder de vista que con sus sentencias imparten mensajes a la sociedad. Y esos mensajes trascendentales, tienen que ser, necesariamente, compatibles con el rol de los juristas (que desde luego lo son, dada su condición técnica) que es, primordialmente, acotar el poder punitivo del estado. Esa función
acotante no se expresa únicamente con la imposición de penas leves, sino -y he aquí lo verdaderamente trascendente- mediante la obturación de pulsiones de muerte que, como en el caso de la habilitación infundada de los permisos legales conlleve guiños legitimantes de la justicia por mano propia. Siempre, desde luego, ejercitada contra los
homo sacer.
Si no se asume por parte de la judicatura ese protagonismo social indelegable, corremos el riesgo de retroceder a la aporía de los tribunales formalistas, que creen que sus decisiones adquieren legitimidad en tanto puedan articular lógicas aparentes de subsunción del derecho en las normas.
Las lógicas formales no se preocupan de evaluar los efectos de los fallos ni los mensajes que se trasmiten a la sociedad.